Editorial

El presidente Danilo Medina devolvió sin promulgar la ley que declara Parque Nacional a Loma Miranda. El Ejecutivo considera que la misma viola preceptos constitucionales y tiene lo que califica como inconsistencias medioambientales.

En una carta dirigida a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, el jefe del Estado aclara que esta devolución no significa autorización alguna a la empresa Falcondo para explotar los yacimientos que se encuentran en el subsuelo de Miranda.

La misiva es sustanciosa en detalles, propios de una decisión que ameritaba de todo el rigor explicativo, por la carga social, económica y política que la precedió.

Aún así, sabemos que esta decisión provocará las naturales reacciones de los sectores que durante meses mantuvieron un intenso activismo a favor o en contra de la explotación minera en la zona. El propio Presidente Medina así lo hace constar en la misiva, al hacer referencia a los sectores y grupos ambientalistas «que con sus intereses loables presionaron para que el Congreso Nacional declarara área protegida a Loma Miranda».

Vanguardia del Pueblo entiende que el presidente Danilo Medina tomó una decisión apegada en forma estricta al ordenamiento constitucional y al riguroso protocolo y las normativas medioambientales establecidos para estos casos.

Pensamos que sus apreciaciones son verificablemente objetivas, a la luz de nuestra Constitución y de los lineamientos contemplados para considerar una declaratoria de Área Protegida.

No obstante los enojos que habrá de causar en algunos sectores la devolución de la ley, albergamos la esperanza de que la misma prudencia y respeto que ha exhibido el gobierno ante las conocidas presiones que antecedieron a su legal, legítima y bien sustentada decisión, sea debidamente reciprocada.

La ruta que estamos llamados a seguir es la contemplada en la misma misiva presidencial que nos habrá de conducir a decidir sobre la viabilidad o no de la explotación de Loma Miranda, bajo el estricto rigor técnico-ambiental requerido en los protocolos internacionales que rigen la industria minera sustentable.

Y de paso, añadimos nosotros, hacia la ya impostergable Ley de Ordenamiento Territorial y de una política minera inexplicablemente ausente en una nación con un ostensible y envidiable potencial en ese sector.

Dejemos de lado, pues, cualquier actitud desproporcionada o levantisca ante la decisión tomada por el Ejecutivo, mostrando nuestras dotes de pueblo y sociedad en franco proceso de madurez y en permanente empeño por su desarrollo integral sostenible.

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