Opinión

La creciente inseguridad ciudadana en América Latina representa un dramático desafío para los gobiernos de la región, cuyas sociedades han sido desbordadas por la violencia y la criminalidad.

El elevado índice alcanzado por la delincuencia en las naciones latinoamericanas ha obligado a sus autoridades a implementar políticas públicas que han devenido en ineficaces para contener y reducir la delincuencia.

Mueve a preocupación que gobiernos de la región estén incorporando a militares en roles que son reservados a la policía nacional, institución civil formada para garantizar la seguridad interior de cada país.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, creó la Gendarmería Nacional, un cuerpo de policía militarizada encargada de lidiar con la seguridad interna, cuyos atributos son la formación policial y militar, cercanía con el ciudadano y amplia capacidad de despliegue itinerante. Este cuerpo fue diseñado para ir adonde sea requerido para brindar seguridad ciudadana “el tiempo que sea necesario”.

El mandatario mexicano explicó que la Gendarmería Nacional tendrá una formación castrense, se encargará de generar condiciones de seguridad pública a través del despliegue operativo y propondrá programas de vinculación social y de participación ciudadana que permitan llevar a cabo actividades a las comunidades en que se encuentren desplazados sus integrantes.

En el Salvador, al gobernante Mauricio Funes se le acusó de entregar el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas apelando al subterfugio de dar de baja a militares en servicio para convertirlos de un día para otro en “civiles” que pueden asumir la conducción de la seguridad interior. Milicianos salvadoreños patrullan las calles y cárceles del país, también se les ha otorgado el control perimetral de cárceles, tienen presencia en las fronteras y han sido asignados como agentes encubiertos.

Esa tendencia regional a otorgarle preminencia a las fuerzas armadas se refleja en República Dominicana, donde los militares son incorporados a los patrullajes, cuidan las carreteras, están a cargo de las instituciones que supervisan las empresas de seguridad privada y el cuerpo de seguridad turística, así como la que custodia del Metro de Santo Domingo y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Estos son signos evidentes de revitalización del militarismo, que están siendo normalizados en el contexto de graves distorsiones a la institucionalidad democrática.

La seguridad va más allá de una mirada estricta y fundamentalmente de tipo militar.

La creciente presencia de militares en instituciones civiles es un retorno a los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional, que surgió en el marco de la llamada Guerra Fría en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, de cuya secuela queda planteada la confrontación bipolar entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta doctrina acoge un concepto de seguridad basado en la defensa y el uso de estrategias fundamentalmente militares. Con su implementación, el rol de los ejércitos se va a orientar hacia el interior de los países.

La implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional contribuirá así a afianzar el sesgo militarista ya en curso en la mayoría de los países de América Latina.

Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, el concepto de seguridad empieza a tomar una dimensión más amplia, tanto a nivel de su comprensión, como de las demandas de aplicación que se hacen en las políticas del Estado.

En ese contexto es que surge el concepto de Seguridad Humana a comienzos de los años 90. El nuevo concepto refleja una mirada más global e integradora, incorporando nuevas dimensiones, proponiendo una lectura diferente de los problemas y yendo más allá de la consideración de las amenazas armadas que se centraban específicamente en la seguridad de los Estados. Integralmente va a tener en cuenta aspectos relativos a la seguridad individual y colectiva, como son el deterioro ambiental, la pobreza y la desigualdad, las pandemias y aquellos ligados con las afectaciones que se producen sobre la cohesión social y la diversidad cultural.

El concepto de Seguridad Democrática, como tal empieza a plantearse desde finales de los años 80, bajo el concepto de Seguridad Democrática Regional. Este se aleja igualmente de las visiones que inspiraron a la Doctrina de Seguridad Nacional y su fundamentación principal en acepciones de tipo militar o cuya preocupación central era la defensa nacional.

Los planteamientos centrales de la Seguridad Democrática Regional giran básicamente alrededor de la búsqueda de respuestas no militares a los conflictos sociales.

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