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Quito, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de show político las audiencias que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de grupos opositores a su gobierno.

Este es el show de todos los años, por eso no hay que prestarle la más mínima atención. Ahora que los jueces por primera vez en la historia se eligen por méritos nos dicen que hay falta de independencia en la justicia, aseguró el mandatario en declaraciones a la prensa en la suroccidental ciudad portuaria de Guayaquil.

Según la agencia local Andes, Correa señaló que uno de los denunciantes ante la CIDH sobre la interferencia en la justicia es un político vinculado al socialcristianismo.

Lo que pasa es que les duele porque ya no manejan la justicia como lo hacían antes, eso es todo, apuntó el jefe de Estado, quien desde su llegada al poder en enero de 2007 defiende la construcción en Ecuador del llamado socialismo del siglo XXI.

Además de los cuestionamientos sobre el manejo de la justicia presentados por la oposición, el colectivo Yasunidos presentó este martes una demanda contra Ecuador por sus intenciones de explotar las reservas petroleras en el parque natural amazónico del Yasuní, sin antes realizar una consulta popular al respecto.

La víspera, el canciller Ricardo Patiño afirmó que el gobierno de Ecuador decidió ausentarse de las audiencias que se celebran en Washington porque la CIDH incumple sus propios reglamentos, al incluir temas particulares en los debates de carácter general.

No vamos a ir, porque están incumpliendo sus propios reglamentos al llamar a una audiencia temática e incluir temas particulares, explicó el jefe de la diplomacia ecuatoriana, citado en un comunicado de la cancillería local.

De acuerdo con Patiño, el prestigio de la CIDH se hunde cada vez más, por estar intentado politizar las cosas a través de estos procedimientos.

Ecuador aboga desde hace varios años por sacar de Washington la sede de la CIDH, al considerar que es inadmisible que esa instancia esté ubicada en un país que se niega a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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