Opinión

La inseguridad vial, vista como un problema universal, es una pandemia que amenaza la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en el aspecto emocional, la estabilidad económica global, y que en cierto modo vulnera la gobernabilidad.

1.3 millones de fatalidades a nivel mundial, a los que habría que agregar un promedio de 35 millones de lesionados por año, constituyen las víctimas que sangran las economías sin que podamos advertirlo, pues la distorsión se refleja en sus indicadores de forma silenciosa.

De la nefasta cifra global de muertos, más del 8% corresponde a América Latina y el Caribe.

Reconocida esta crisis planetaria como un verdadero desafío, planteada la posible solución para frenarla y disminuir los efectos de las tragedias viales con el Plan de Acción Mundial, no queda más que crear conciencia en los sectores de poder político, empresarial y religioso.

América Latina con las islas del Caribe por diversas razones esta compelida a entrar a ese proceso de concienciación.

Primero, porque siendo una región de naciones de ingresos medios en su mayoría, presenta crecientes indicadores de siniestralidad viaria calificables como catastróficos.

Segundo, el impacto económico negativo que deja cerca de 104 mil fallecidos y casi 1.3 millones de heridos al año, un gran porcentaje con traumas de por vida, obliga a que los gobiernos orienten sus miradas a nuevas políticas de seguridad vial.

Los 590 millones de habitantes que conforman el conglomerado latinoamericano demandan una revisión del paradigma actual.

Costa Rica hasta hace poco se encaminaba hacia un liderazgo en el tema, quedando en rezago de acuerdo a los informes, después de la partida del Presidente Oscar Arias Sánchez. En los últimos tiempos hasta se ha sugerido la desaparición del Consejo rector de la seguridad vial-COSEVI.

En México, los avances se aprecian lentamente, sin embargo, la rectoría autónoma del tema es la oportunidad de un reclamo a viva voz para poder avanzar.

Cuba por lo pronto, se ha visto obligada a una reciente revisión luego de la última reforma de la ley, en la que ha tenido que intervenir ante el Parlamento su Presidente Raúl Castro con el objetivo de hacerla más efectiva.

Jamaica, en cambio, según las estadísticas ha demostrado un comportamiento de franco descenso, con la atención en proyectos bajo la orientación y financiamiento de bancos multilaterales.

Nuestro país, la República Dominicana, lamentablemente exhibe indicadores de siniestralidad de los más trágicos del planeta.

Uruguay se perfila entre los países de avanzada, mientras que Chile afianza su tradición por mejorar los indicadores, manteniendo una tasa en la franja de banda media.

Colombia pudiera ser un ejemplo para nuestros países, vigila celosamente las actuaciones, se descubren los entuertos y se toman las medidas pertinentes y necesarias para continuar. Esto se debe a un factor clave que se llama Estrategia de Desarrollo Nacional, a la que el tema está integrado.

No fue casual la intervención hace poco de la Contraloría General de la República, que detectó a tiempo las anomalías, publicó 19 informes al respecto, y se crearon nuevas condiciones para seguir atacando la siniestralidad en la circulación con renovadas iniciativas legislativas.

El gobierno colombiano entendió a principio de este año que no basta una nueva institución sino también recursos para sostener los planes y la estructura organizacional. También está en proceso de readecuación allí, el observatorio de datos sin el cual no pueden aplicar eficientemente las medidas y los programas.

Argentina enfrenta exitosamente al status de los municipios ganando terreno en la lucha por unificar sus provincias, y erradicar las muertes por siniestros viales.
La República Argentina impulsa cuatro puntos fundamentales:

1.- La seguridad como un tema político y por tanto de estado.
2.- Cree en la institucionalización de un órgano oficial con financiamiento.
3.- Cree en el fortalecimiento de un observatorio de datos transparente y fiable.
4.- Cree en el desarrollo de un plan de seguridad vial sostenido y sustentable.

Aunque no es objeto de analizar, tenemos que mencionar a España, porque nos enseñó cuáles son las claves del éxito en seguridad vial en todo lo antes referido a Argentina, pero basado en un sistema de gestión interinstitucional eficiente; en un sistema de autoridad reestructurado a los fines de asimilar los cambios y en preservar leyes integrales flexibles a reformas continuas acorde con los tiempos. Por lo que en nuestra Madre Patria, se han producido 17 reformas de la ley de seguridad vial del 1990 a la fecha.

Esto último, tiene una explicación a la que obviamente debemos dedicar un espacio para la reflexión y la meditación, que permitan tomar decisiones contundentes y firmes. Al basarnos en dos aspectos: que la justicia debe ser dinámica y estar sujeta a constante revisión conforme evoluciona la sociedad, siendo susceptible a continuas transformaciones.

Desafíos en las políticas de seguridad vial

Si Naciones Unidas recomienda la implementación de los pilares del Plan de Acción Mundial, entendemos que sólo podría ser efectivo con su aplicación simultánea, enfocándose en cada uno de los factores de riesgo y de atención a las víctimas.

No es un desfase retomar la visión de William Haddon y agregarle al sistema otros nuevos factores de riesgo predominantes, como los son el medio ambiente propiamente dicho, por los cambios climáticos a que está sometido el planeta; el sistema de autoridad que manifiesta una profunda crisis, así como, en el orden académico, enseñar ergonomía como una disciplina vinculada íntimamente al desarrollo de la seguridad vial.

En otro orden, una vez con la estructura orgánica y judicial en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no tienen la mayoría de nuestros pueblos, será cuando los países de la región cumplirán el Plan de Naciones Unidas, por lo que su implantación representaría un verdadero reto para los estados.

La tendencia general en Latinoamérica es el crecimiento de las víctimas cada año por los siniestros viales. Cambiar este escenario no quiere decir que tengamos que esperar a ser un país rico. Solo se requiere cambiar la mentalidad, primero de los políticos, y la de los ciudadanos, después. Y este es otro reto.

Los tiempos no son los mismos, ya lo hemos dicho. Implementar hoy día políticas cuyo eje temático sea la competitividad sin incorporar la seguridad vial, es un error.

Asimismo, lo es pretender ignorar que la seguridad vial es un factor que impide avanzar en la lucha contra la pobreza, y que debe ser parte de los programas gubernamentales de ahorro de energía y combustible, también de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las políticas de desarrollo de la juventud y de la mujer.

Igualmente, habrá que promover la integración con nuevas políticas del transporte transfronterizo, y tendrán que replantearse nuevas estrategias de seguridad vial, como lo ha hecho Europa.

Si no se incluye el tema de la seguridad vial a partir del 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la erradicación de la pobreza será una utopía, porque el uso aberrante de las tecnologías durante la conducción está empobreciendo cada vez más a las familias y a los gobiernos. Aunque, paradójicamente, es con el uso de las nuevas tecnologías que se combate la inseguridad en la circulación, incorporada a la aplicación de las debidas regulaciones.

La seguridad vial será siempre un eje transversal básico en los temas sociales fundamentales, por demás contenidos en los programas de gobierno, con la condición de ser sostenible y sustentable. Entender esta parte, significa otro desafío para los gobiernos.

Está en los Congresos de todos los niveles, incluyendo este IV CISEV, la responsabilidad de llevar la preocupación y los resultados de sus discusiones a los diversos sectores de poder, creando los mecanismos considerados viables y oportunos a lo largo, no solo de toda América Latina y el Caribe, sino en toda Ibero-América.

Somos de convicción que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los organismos multilaterales de financiamiento, el Mercosur, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y otros organismos deliberantes multilaterales y religiosos que inciden de alguna manera en el desarrollo humano de América Latina, deben afianzar su compromiso moral y enfrentar la problemática de la inseguridad vial en los países de bajos y medianos ingresos para que los indicadores de siniestralidad viaria se precipiten hasta alcanzar estabilizarlos en la banda líder o de bajo riesgo, integrando y promoviendo seriamente las políticas en materia de seguridad vial en los temas climáticos, de educación, de salud, de seguridad pública, de la tecnología, comunicación; y en el tema de erradicación de la pobreza. Incluso, fomentar la aplicación de políticas nacionales de gastos públicos en seguridad vial, para que ésta sea sostenible y sustentable.

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