Washington, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Investigadores del Departamento de Justicia concluyeron que no existen pruebas suficientes para presentar cargos de violación de derechos civiles contra Darren Wilson, el policía blanco que mató a un adolescente negro en Ferguson, en agosto último.
La investigación del tiroteo donde perdió la vida el joven afroamericano de 18 años, Michael Brown, estuvo a cargo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, destaca hoy el diario The Washington Post en su edición digital.
Según el Post, las leyes federales establecen un listón muy alto para lograr presentar cargos de violación de los derechos civiles en contra de un oficial de la policía, pues los fiscales deben probar más allá de una duda razonable, la intención del oficial de violar los derechos constitucionales de alguien.
El portavoz del Departamento de Justicia, Brian Fallon, dijo que el caso sigue abierto y aún resta por conocer los resultados de una segunda pesquisa, por lo que cualquier discusión de sus resultados es prematura.
Las autoridades federales insisten que están llevando a cabo una revisión completa y justa del caso.
Funcionarios policiales entrevistados por el Washington Post dijeron que era demasiado pronto para predecir cómo iba a terminar la investigación.
«La evidencia que tenemos hace que los cargos federales por una violación de los derechos civiles, es poco probable», dijo uno de ellos que prefirió el anonimato.
Por su parte, el abogado de la familia Brown, Benjamin L. Crump, prefirió no hacer comentarios pues, según él, estos resultados no son oficiales, mientras que James P. Towey Jr., abogado del agente Wilson, no devolvió las llamadas y correos electrónicos enviados por el Post.
El Departamento de Justicia continúa con una amplia pesquisa de las prácticas del Departamento de Policía de la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri, que podría dar lugar a reformas y reorganización del aparato policial en la ciudad.
Mientras tanto, las protestas continúan en el condado de St. Louis y sigue abierta la polémica sobre presuntas prácticas de abuso policial en una ciudad de mayoría afroamericana.
