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Washington, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Reacciones diversas provoca hoy en Estados Unidos el anuncio del presidente Barack Obama de un conjunto de medidas ejecutivas para tratar de resolver la dilatada y prometida reforma migratoria integral.

Durante un discurso televisado anoche, Obama explicó en detalles la iniciativa, impuesta ante la falta de acuerdo en el Congreso, en particular por la oposición republicana en la Cámara de Representantes.

Mensajes difundidos en la red social Twitter a favor de la acción del mandatario expresan que «al fin Obama está haciendo algo de lo que esperábamos de él»; «a ver si los republicanos dejan que Obama haga esto» o el presidente «dicta la mayor regularización de inmigrantes en tres décadas».

Sin embargo, en la propia plataforma de microblog en Internet, apareció un enlace con declaraciones de Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, quien cataloga de inconstitucionales las medidas del gobernante.

Arpaio, señalado por reprimir a los inmigrantes sin papeles, consideró que Obama excedió sus poderes al obviar al Congreso y adoptar él mismo los cambios.

Según el alguacil, las reformas -encaminadas a otorgar permisos de trabajo-, alejan así la amenaza de deportación para cerca de cinco millones de indocumentados y equivalen a una amnistía que animará a más personas a cruzar de forma ilegal la frontera.

En su alocución, Obama arremetió contra la pasividad del Congreso y advirtió a los republicanos de abstenerse de cualquier represalia. «Una deportación masiva de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados sería a la vez imposible y contrario a nuestro carácter», enfatizó.

El líder republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó a Obama porque está «dañando la propia presidencia» mediante el uso de su autoridad ejecutiva y dejó claro que actuaría para contrarrestar al presidente, aunque no fue específico al respecto, subrayó el diario The New York Times.

«Con esta acción, el presidente ha elegido deliberadamente sabotear cualquier posibilidad de promulgar la reformas bipartidistas que reclama», dijo.

Legisladores hispanos habían pedido a Obama que no demorara su acción ejecutiva sobre inmigración más allá de las elecciones de medio término del 4 de noviembre.

El Senado, bajo control demócrata durante la legislativa que concluye, aprobó un proyecto de ley para una reforma migratoria en junio de 2013, pero murió en la Cámara baja, donde no fue sometida al voto de los republicanos, mayoría en ese hemiciclo desde 2010.

Después de reiterados llamados a un acuerdo y luego de esperar más de un año por ese sufragio, Obama anunció en junio que actuaría por su cuenta en este tema.

El plan beneficiará a los indocumentados con hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren su permanencia en el territorio nacional antes del 1 de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes penales.

Además, extendió la Acción Diferida, un programa que frenó la deportación de más de 580 mil jóvenes sin estatus legal, pues ahora podrán acogerse todos aquellos que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y previo a la fecha del 1 de enero de 2010.

Hay un ala más conservadora de los republicanos, encabezada por los miembros del Tea Party, que quiere dejar al gobierno federal sin fondos para funcionar, como ocurrió durante 16 días en octubre del año pasado.
Mientras otros buscan lanzar dardos a Obama con medidas menos radicales, como bloquear la financiación necesaria para implementar los anuncios migratorios.

En ambos casos los del partido rojo tendrán que sopesar en el plano político qué costo-beneficio aportarían sus acciones, más ahora que con el triunfo del 4 de noviembre en ambas cámaras del Capitolio tienen los ojos sobre el sillón del despacho oval en 2016.

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