Si en algo se diferencian los seres humanos que viven en el primer mundo, de los que lamentablemente habitamos los países llamados en vías de desarrollo, es en la importancia innegociable que se da en esas sociedades a la vida de las personas y la protección de sus derechos individuales.
Cuando escuchamos el debate que se produce en nuestro país sobre el tema del aborto terapéutico y su inclusión como delito en el nuevo código penal, no tenemos mas que entristecernos por la ignorancia que existe en todos los niveles de nuestra sociedad.
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la mujer dominicana siga siendo vista como un receptáculo para tener hijos, sin pensar que cuando queda embarazada es una ciudadana con derechos humanos los cuáles estamos en obligación de cumplir y proteger?
Porque de eso se trata cuando hablamos de aborto terapéutico, cuya decisión solo pueden tomarla un profesional de la salud, en base a los conocimientos adquiridos para ejercer su labor médica, y una mujer , que es la que podría hasta perder la vida en medio de un embarazo.
Estamos hablando de un acto médico, donde lo que prima es el criterio médico, soportado por las pruebas de laboratorio e imágenes que demuestran la necesidad de realizar un aborto, cuando la vida de la madre peligre o el producto del embarazo no sea viable por las múltiples razones que están descritas en cualquier libro de los que leemos cuando estamos estudiando medicina.
Repetimos, el aborto terapéutico es un ACTO MÉDICO, donde la decisión de interrupción voluntaria del embarazo se hace bajo un criterio médico y nunca, si es que no nos estamos volviendo locos, podría penalizarse, sin antes pensar lo que pasará en la intimidad de un consultorio de un profesional de la salud.
Esta decisión del Congreso Nacional, confirma que la mayoría de nuestros legisladores no entienden, a quienes representan en sus curules, ya que le han dado la espalda a un poco mas del 50% de la población que lo constituye el género femenino en la República Dominicana.
Pero tampoco se detuvieron a pensar, que con la inclusión de penas de cárcel para el personal de salud que participe en la decisión de realizar un aborto terapéutico, están condenando a miles de mujeres, desde ahora a escoger entre realizar una actividad ahora ilegal o poner en peligro sus propias vidas, y eso es totalmente injusto e inadmisible en un país democrático y organizado.
¿Porque será que somos tan hipócritas como sociedad que desconocemos que se realizan miles de abortos cada año en la República Dominicana?
Las mujeres pobres, ponen en peligro sus vidas acostadas en camillas de clínicas de mala muerte, en manos no entrenadas, en condiciones insalubres y peligrosas, pagando lo que pueden, ante autoridades sanitarias que hasta ahora miran para otro lado cuando llegan con su útero perforado o con la gravedad de una infección generalizada a un hospital.
Mientras las que tienen mayor poder adquisitivo, contratan médicos ginecólogos, que realizan los abortos bajo las normas de seguridad e higiene que se vive en las clínicas de primer nivel de la República Dominicana.
Por favor, dejémonos de mojigatería y vivir ensalzándonos en nuestras propias mentiras, ¿Cuantos de los que levantaron la mano para aprobar la penalización del aborto terapéutico no habrán mandado a sus novias o queridas a realizarse un aborto en forma clandestina?
El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, creo que la misma Biblia da la respuesta, léanla para dejar de estar haciendo tonterías basándose en dogmas insostenibles en esta etapa de la evolución del ser humano.