Opinión

En la investigación publicada en el 2012 que diéramos a conocer con el título de “Factores de Riesgo Predominantes en las Vías Dominicanas”, determinamos los tramos de concentración de siniestros de tránsito en la red viaria nacional, con un análisis e interpretación de las estadísticas registradas desde el 2008 al 2011. Este término técnico nuevo: “TRAMO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES” por vez primera es de utilidad en la República Dominicana.

Nos permitimos sugerir fundamentalmente dos aspectos a fin de mermar los efectos de la accidentalidad en dichos tramos calificados como “PELIGROSOS” por la frecuencia con que ocurrían hechos trágicos con víctimas.


En primer lugar, implementar una nueva señalización que advirtiera a los usuarios el acercamiento a zona de alto riesgo, previa revisión y determinación de la longitud del tramo, ya que no existe este tipo de señalamiento en los reglamentos de señales de tránsito en Iberoamérica.

En segundo lugar, programar la realización de una auditoría de seguridad vial que defina el tipo de trabajo para la eliminación de los tramos peligrosos y el tipo de inversión en infraestructura más conveniente para el Estado dominicano de acuerdo a sus disponibilidades de recursos económicos.

Indicamos en esa oportunidad que la vía de mayor frecuencia de eventos violentos era la Autopista Las Américas seguida de la Autopista Duarte.

Las Américas registró oficialmente en el período mencionado 280 siniestros con víctimas, mientras que la Autopista Duarte 192. Pudimos identificar con esta investigación 182 tramos peligrosos que sumaban 4,391 kilómetros, alrededor de un 22% del sistema viario dominicano.

Recientemente, poco más de dos años después de nuestra publicación, sucede un acontecimiento que ha consternado a la sociedad nacional, con las víctimas masivas por tránsito en Las Américas en menos de 24 horas.


Estas tragedias ha sido un detonante para que las comunidades pongan en riesgo el estado de gobernabilidad en los municipios afectados y que a fin de cuenta repercutirá en todo el territorio nacional, por la ausencia de iniciativas legislativas y de planes integradores de seguridad vial.

Manifestaciones de indignación y de reclamo de soluciones no se han hecho esperar. Las comunidades resentidas protestan continuamente y el tráfico es interrumpido por horas, lo cual repercute en la economía. Este último tema deberá ser tratado con delicadeza por las autoridades porque este comportamiento pudiera convertirse en una epidemia en todo el territorio, con dimensiones impredecibles.

Supongan otras consecuencias violentas en medio de las protestas viales, ¿hasta dónde pudiera incidir en el mantenimiento de la paz y la tranquilidad públicas?
Ya existen antecedentes en otras latitudes donde comunidades enteras se revelan ante la indiferencia en el tema.

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