Opinión

En medio de las discusiones públicas sobre las observaciones del Presidente Danilo Medina al proyecto de Código Penal, aprobado por el Congreso Nacional en lo que respecta al aborto, la definición que nos pareció más acertada fue la del médico y político Humberto Salazar, cuanto planteó en su leída columna Chispas, que ese es un asunto que compete a las mujeres y los profesionales de la medicina.

Realmente, aunque el asunto haya sido incluido en la legislación, todo lo que tiene que ver con lo “terapéutico”, queda en los linderos de los profesionales de la salud, tanto física como mental. En lo que a las mujeres respecta, el embarazo es un fenómeno que surge y se desarrolla en su anatomía, por lo que no pueden ser marginadas de la decisión final sobre el producto en gestación.

Semánticamente, toda terapia tiene como fin la curación. De manera que un aborto terapéutico procura evitar males peores a la madre con un embarazo que médicamente ha sido diagnosticado como inviable. Desde los tiempos de Hipócrates, en la Antigüedad Helénica, pasando por Galeno, en la Roma Imperial, toda la Era Moderna, hasta llegar a la posmodernidad, con legislación o sin ella, los médicos han optado en esos casos por preservar la vida de la madre.

Las Iglesia Católica junto a las diferentes denominaciones protestantes han defendido la penalización del aborto, en ocasiones hasta el terapéutico. La Constitución Dominicana vigente plantea que la vida humana se reconoce desde la concepción hasta la muerte, por lo que despenalizar abiertamente el aborto equivale a un asesinato. Las Organizaciones No Gubernamentales representantes de la Sociedad Civil enarbolan una bandera diametralmente opuesta.

Entre las iglesias y las Ongs abortistas hay extremos irreconciliables. Religiosos y feministas defensores del aborto sin limitaciones saben, como todo el mundo, que pese a estar penalizada, esa práctica está a la orden del día en la República Dominicana, sin que nadie haya sido encausado ni encarcelado. Es como si fuera una ley muerta, en palabra de abogados.

Penalizar o despenalizar el aborto mediante un Código no cambia en nada la realidad del fenómeno. Lo que cambia, muy significativamente, son los méritos, conquistas y lauros si se quiere, tanto de las iglesias anti abortistas como de las ongs feministas y abortistas ante sus respectivos jerarcas internacionales.

La Iglesia Católica Dominicana eleva su aprecio ante el Vaticano y las denominaciones evangélicas frente a sus concilios con la penalización, mientras las ongs, financiadas por organismos internacionales que promueven el control de la natalidad, demuestran que la inversión está dando su fruto con la despenalización.

El Congreso Nacional, integrado mayoritariamente por senadores y diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presionados por esas dos antagónicas, que necesitan victorias legales, aunque la legislación pase por la tangente de la realidad del aborto en la República Dominicana.

El dilema ético se presenta en ocasiones a los profesionales de la salud no solo con el aborto sino también con la eutanasia. La interrogante de ¿qué hacer con el paciente de una enfermedad terminal, que además del sufrimiento físico ve diluirse su dignidad personal, prolongando la angustia de sus parientes, bordeando la ruina económica sin la más remota posibilidad de una recuperación?

Se ha avanzado bastante en la bioética como disciplina científica, sobre todo después del descubrimiento del genoma humano, el tratamiento con células madres, la clonación y otros asuntos novedosos que son de su competencia. Mientras tanto, que sean los médicos que den respuestas, de acuerdo con su formación a los problemas de salud y que los congresistas aprueben leyes que los protejan en ese delicado papel, sin entrar en conflicto con la Constitución vigente aprobada en el 2010.

La Constitución nos unifica a todos, desde el Presidente Danilo Medina que devolvió el Proyecto de Código Penal aprobado por los congresistas, hasta los humildes ciudadanos que vemos de cerca diariamente el fenómeno del aborto en República Dominicana.

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