Tomando acción en una responsabilidad que le asiste, el Estado lleva a cabo una serie de acciones destinadas a brindar protección a las mujeres vulnerables a la violencia de género. Este complejo proceso, atravesado por emociones, prejuicios y hasta creencias religiosas de algunos actores sociales, comenzó a dar sus primeros pasos hacia la institucionalización con la promulgación de la Ley 24-97, en 1997. Desde entonces la lucha no ha cesado. Pero el mal, que se ha convertido en epidemia, sigue alarmando a la sociedad.
La violencia contra las mujeres e intrafamiliar, es un tema de violación de los Derechos Humanos y es un problema de salud pública que requiere de la implementación de políticas públicas bajo la responsabilidad del Estado y de toda la sociedad. A través de un engranaje de instituciones atravesadas por las perspectiva de género, el Poder Ejecutivo implementa una estrategia que “al parecer solo ha servido para frenar los feminicidios aunque aún no para reducirlos”, según expresara la propia ministra de la Mujer, Alejandrina Germán.
La implementación de la Ley 24-97 que tipifica y sanciona la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, ha implicado toda una estructura de políticas públicas orientadas a la prevención, atención, persecución y sanción. Desde 2006, la estructura existente para el abordaje, atención, seguimiento y control de casos de las víctimas y agresores se delinea y gestiona desde ese Procuraduría para Asuntos de la Mujer.
Según explica su titular, la magistrada Roxanna Reyes Acosta, desde esta oficina se trabaja en articular la política en todo el territorio sobre el abordaje, atención integral a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como la persecución penal contra los agresores. Para esto contamos con 35 procuradurías fiscales en algunos casos con fiscalías barriales como en el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo.
Adicionalmente se cuenta con 17 unidades de atención integral a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, distribuidas por todo el territorio nacional: Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Previa, Azua, San Juan de La Maguana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Provincia Duarte ,Dajabón y La Romana. En el caso del Distrito Nacional, otras 17 Fiscalías Barriales fungen como apéndices.
“Desde estas instancias se procura atender a las víctimas de manera rápida y eficaz, concentrando en el mismo espacio los servicios legales y especializados. Contamos, por ejemplo, con médicas y psicólogas forenses para la realización de los informes periciales que permitirán sustentar al fiscal la acusación sobre los hechos de violencia”.
Desde la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, se ofrece asistencia psicológica gratuita a las víctimas de todo tipo de delito mientras dura su proceso legal. En tanto que la Dirección de Representación Legal de Víctimas y Testigos, tiene como función proveer, sin costo, asistencia legal a las víctimas.
También las víctimas pueden acudir al Centro de Mujeres Sobrevivientes de Violencia Doméstica, ubicado en el Distrito Nacional. Es el único centro de este tipo que funciona en el país, se encarga de la asistencia psico-terapéutica de las víctimas dentro de la ruta crítica de la violencia doméstica. El sistema cuenta además con el Centro de Intervención Conductual para Hombres, situado en el Distrito Nacional, que trabaja con el aprendizaje de la nueva masculinidad mediante el empleo de técnicas a estos fines a cargo de cualificados profesionales de la conducta.
Además de la Procuraduría General de la Mujer, forman parte de este sistema el Ministerio de la Mujer, Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, de la Policía Nacional; Comisión Permanente de Familia y Equidad de Género, del Senado de la República; Comisión Permanente de Familia y Equidad de Género, de la Cámara de Diputados.
Así mismo, la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, de la Suprema Corte de Justicia; Casas de Acogida; Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante: creado mediante el Decreto 97/99, y la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI).
El marco legislativo de la prevención y combate de este flagelo, incluye otras leyes además de la Constitución de la República Dominicana y la Ley 24-97, sobre Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar. Se destacan la Ley 88-03, que instituye las Casas de Acogida o Refugios y sus dos Reglamentos de Aplicación y Funcionamiento.
El Código del Sistema para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Ayuntamientos; Ley 46-07, “16 Días de Activismo Contra la Violencia Hacia las Mujeres”.
Además la resolución 2751-2010, de la Suprema Corte de Justicia; Las Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual (UAI-VGIDS); el Modelo Nacional para la Prevención y Atención Integral a la Violencia contra la Mujer; la Reforma al Código Penal; el Proyecto de Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Al conmemorarse ayer el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, en este 25 de noviembre del 2014, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer encabezaron el acto de presentación del proyecto “Masculinidad Positiva: Construyendo relaciones saludables y de equidad”.
Este proyecto tiene el propósito de promover actitudes de colaboración y respeto mutuo entre hombres y mujeres, basados en relaciones funcionales.
En el marco del desarrollo de la actividad, igualmente se firmaron cuatro acuerdos de cooperación entre estas instituciones con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), entre otras.
La magistrada Roxanna Reyes explicó que con esta iniciativa se busca fomentar nuevas formas de comportamiento, donde predomine el respeto, la integridad física y psicológica entre mujeres y hombres. “Masculinidades Positivas propone la construcción de relaciones saludables y de equidad”.
“Queremos promover que se reconozca a las mujeres como seres humanas individuales con derecho a una vida libre de violencia, e incentivar a los hombres a que participen de los procesos de enseñanza y crianza de los hijos e hijas”, enfatizó Reyes.
Al analizar el camino por delante, la magistrada Reyes Acosta señala la importancia de fortalecer la prevención y la acción pública de persecución, investigación y captura de los denunciados.
“Es importante además continuar garantizar la protección, seguridad y restitución de los derechos de las víctimas, así como la reparación de los daños causados. Esto es posible ampliando la cobertura y la efectividad de los servicios”.
Reyes destaca además la importancia de seguir garantizando el acceso a la justicia por parte de las víctimas, así como fomentar la debida diligencia del proceso.
“Otro desafío importante del Estado es fortalecer la articulación interinstitucional en la acción programática y territorial para lograr el enfoque integral en el abordaje de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar”.
Ante la realidad, asegura Reyes, se requiere de instrumentos y políticas integrales que induzcan a la creación de consciencia respecto a la dimensión de la violencia y su impacto en la vida de las mujeres, en la familia y en la sociedad en su conjunto.
