Con la promulgación del Código Penal y la salida dada al espinoso tema del aborto contenido en el mismo, la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana salva a la sociedad dominicana de hoy de un conflicto que parecía irreconciliable, y confirma que esta entidad política se ha enseñoreado en el país, hasta instituirse en única garantía para enfrentar con éxito el presente y futuro de la nación.
El año 2014 cierra, de esta manera, con la demostrada eficacia con que el PLD enfrenta los grandes retos y la habilidad que tiene para zafarse de poderes fácticos y no fácticos, nacionales y extranjeros, que buscan dividir el extraordinario liderazgo del doctor Leonel Fernández y del licenciado Danilo Medina, con tal de colar hacia el poder una opción alternativa al partido oficial.
“Como por arte de magia, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se sacó de la manga un proyecto de modificación a las observaciones”, que el Poder Ejecutivo había hecho al texto salido del Congreso para el nuevo Código Penal, cuyo mayor aporte fue incorporar en forma definitiva la observación con la que el universo social estaba de acuerdo: el aborto terapéutico en caso de peligro de muerte de la madre o del feto.
Sería de ingenuos pensar que el alto liderazgo mencionado no estuviera involucrado en un acto de taumaturgia de tan fina urdimbre.
Si bien el Código Penal no entrará en vigencia hasta un año después de su promulgación, hay que convenir que “mientras no se presente y apruebe la Ley especial, el nuevo código penaliza tanto a la madre como al personal médico por el aborto en el caso de violación e incesto o de mal formación incompatible con la vida”, temas peliagudos que enfrentarán las dificultades de un año preelectoral.
El año 2014 que agoniza estuvo plagado de tratativas de todo tipo para generar o crear trampas que atrajeran al debate o conflicto a los dos grandes liderazgos del PLD y, por esa vía, provocar heridas incurables al cuerpo peledeísta.
Los preparativos provenían del año anterior a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, pero se pusieron en vigencia desde entrado el presente año cuando se elaboraron los expedientes para uso local e internacional de la “desnacionalización” y la “apatridia”.
Pero como para la realización de toda gran obra se necesita también la intervención divina, se produjo la aberrante sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra la República Dominicana, de “imposible cumplimiento” para el Estado Dominicano, como advirtiera oportunamente el presidente Medina.
El liderazgo peledeísta de que se habla puso a tono al Poder Ejecutivo y al Congreso para promulgar la Ley 169-14, para que los residentes ilegales puedan regularizar su estatus y los nacidos de padres indocumentados pudieran acceder a la nacionalidad dominicana, mediante vía expedita que vence en junio del 2015. Era todo lo justo que podría ofrecer el Estado Dominicano ante el reclamo de organismos afiliados a la ONU y a la OEA, lo mismo que a naciones amigas y al propio Haití, en respuesta a las posibilidades de asentamiento de la población migrante haitiana que en considerable número ha penetrado ilegalmente nuestras fronteras.
Estos estatutos legales han blindado al Estado Dominicano contra todo tipo de injerencia extranjera o local, por más auxilio que reciban de gobiernos con decisiva influencia enorganismos multilaterales que tienen deudas históricas con Haití y contra ONGs locales claramente apadrinadas por la USAID y aliados nacionales que le sirven desde medios de comunicación y otras estructuras gremiales con capacidad de presión.
Muestran que no obstante el apego irrenunciable a la defensa de la soberanía nacional, las autoridades dominicanas y el liderazgo político que las dirigen tienen la suficiente flexibilidad para atender con equidad la petición de gobiernos y organismos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurisdiccional.
Las acciones legales persecutorias contra connotados dirigentes del partido oficial, si bien oportunamente presentadas como preservadoras de la pureza y transparencia con que deben administrarse los recursos públicos, han sido en este año aplicadas como aderezo a la conspiración que busca debilitar y fragmentar al liderazgo del partido oficial.
La iglesia Católica, ahora complementada con la pujante iglesia evangélica, ha sido defensora histórica del status quo siempre en consonancia con las aspiraciones, en toda época, de la mayoría del pueblo y de sus esencias nacionales.
El conflicto generado a partir del nuevo Código Penal era de enorme peligrosidad, pues exponía al gobierno y al PLD confrontar normativas de las iglesias que éstas no están en condiciones de renunciar.
Excesos de ambos lados, del gobierno y de las iglesias, hicieron por un momento temer que tan productivas relaciones de servicio mutuo pudieran terminar en un divorcio.
Si se observa con atención la reacción tanto de las autoridades eclesiásticas como del gobierno y el liderazgo político responsable a la salida dada al nuevo Código Penal, se tendrá que aceptar que el buen juicio terminó imponiéndose.
Reparando en lo acontecido en el país en los últimos 50 años, desde la muerte de Trujillo hacia acá, sólo ha habido dos momentos en que fuerzas políticas organizadas tras el influjo del liderazgo y las instituciones políticas se han enseñoreado sobre la nación: Joaquín Balaguer desde inicios 1990 y el PLD (Leonel Fernández-Danilo Medina) en los tiempos actuales.
Balaguer arrebató el poder a Juan Bosch en 1990 para iniciar la última década del siglo veinte como la figura política imbatible que, habiéndose levantado de su tumba como Lázaro en 1986 y desgastado por la peor situación de carestía y escasez de los tiempos modernos, de finales del período 1986-1990, pudo sacar fuerzas para impedir la primera victoria peledeísta.
Balaguer se enseñoreó sobre toda la sociedad dominicana y aún sobre antiguos aliados de las familias oligárquicas que le sirvieron de soporte durante su carrera de más de 20 años en el poder, a las cuales les impuso desde 1990 por vía administrativa un nuevo arancel para abrir un mercado nacional oligopólico y reforma monetaria y financiera que desregulara un poderoso sector financiero con visible ínfulas de dominio político.
Innumerables iniciativas del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pusieron en movimiento desde su embajada local y servicio exterior, como la USAID, para desplazar al viejo zorro en la consulta venidera de 1994, con un candidato previamente escogido por la sociedad civil que prohijaron y financiaron: José Francisco Peña Gómez, última y desesperada ficha política para tratar de desvencijar a un político que ciego y sin capacidad motora suficiente no le era fiable.
Allí nacieron Participación Ciudadana, Moderno, la Fundación Economía y Desarrollo y muchas más, todas al servicio de la nueva ficha norteamericana que disponía ya de los diagnósticos para ejecutar una novedosa apertura del mercado, con privatización incluida, al gusto de los jefes del Norte.
La fuerza política que ya había acumulado el PLD puesta en tensión en 1990 y la enorme influencia que sobre sus seguidores tenía el doctor Balaguer se interpusieron para el doctor Leonel Fernández alcanzara el poder junto a su partido en 1996.
Así como 1990 marca el punto de inflexión que determinara la imposición por sobre la sociedad política de Balaguer, el 2004 marca ese mismo punto de inflexión para el PLD.
Al asumir por segunda vez Leonel Fernández y el PLD en el poder, con una aplastante victoria y en ancas de un pueblo desbalijado por el PRD, el país había perdido un 20% de la riqueza histórica acumulada, con una moneda depreciada en más de un 50%, con las arcas del Banco Central sin recursos externos para afrontar las necesidades de importación y con una inflación galopante, en apenas meses todo este desastroso cuadro quedó atrás y reapareció el cuerno de la abundancia anulado en el año 2000.
La historia de éxitos es muy reciente y no es necesario hacerla prolija: en la consolidación de las estructuras y modernización del Estado y todos sus poderes, el crecimiento económico contínuo aún imponiéndose a los desastres a la economía del mundo occidental causados por el neoliberalismo (estallido de las burbujas hipotecaria y financiera)y la entronización en la globalización con un modelo de desarrollo esencialmente sano, son las credenciales de los gobiernos peledeístas.
De nuevo, poderes extranacionales y sus asociados nativos pretenden desalojar del poder e influencia popular al PLD, poniendo en práctica las tratativas aquí enunciadas.
El desconsuelo es tal, que el arte-ego de la sociedad civil y mimada de la representación diplomática de USA en el país, Rosario Espinal, llegó a confesar hace unos días que el PLD es oposición y gobierno a la vez, y a lo que apuesta es a que Danilo se sacuda de Leonel y sobrevenga el cisma en el PLD.
Quizá la señora Espinal reflexiona a partir de las puertas que el actual gobierno le ha abierto a la sociedad civil al estilo USAID para que se sienta tomada en cuenta y no desfallezca invadida por la frustración y la desesperanza.
Podría pensarse que confunde pragmatismo con debilidad política, pero no es así porque su propia confesión relativa a que el PLD es oposición y poder a la vez, la llevó al convencimiento de que tal acción está referida a los juegos de poder para el futuro.
