En el plan estratégico del los invasores norteamericanos de 1965, desde su presidente Lindon B. Johnson hasta el teniente general Bruce Palmer, jefe de las operaciones militares, reducir a la obediencia a los combatientes constitucionalistas se conquistaría en cuestión de dos horas.
Los 42 mil soldados del ejército más poderoso de la tierra venían a demostrarles a los civiles y militares que luchaban en el país por el retorno del Presidente Juan Bosch al poder sin elecciones que los marines no eran las derrotadas tropas de San Isidro, por cuya base aérea comenzaron a desmontar el 28 de abril.
Probablemente el teniente general Palmer había leído la historia de la Ocupación Militar Norteamericana a Santo Domingo de 1916, cuando apenas con un ultimatum, sin necesidad de hacer uso de las metralletas, los invasores lograron la retirada del general Desiderio Arias, jefe del ejército criollo, con la posterior toma del gobierno del capitán S.S Knapp con una simple “proclama”, asumiendo un poder omnímodo en el país, administrándolo mediante órdenes ejecutivas.
Aquella vez el honor bélico de los dominicanos fue salvado por los humildes campesinos estigmatizados por los invasores con el mote de “gavilleros”, quienes dejaron sus vidas en los montes dominicanos, prefiriendo morir antes que ser “esclavos, indolentes y serviles”.
No hay que olvidar, sin embargo, la lucha cívica de los dominicanos demandando el retiro de las tropas yanquis a su país, en jornadas políticas, periodísticas, diplomáticas e intelectuales que llegaron a internacionalizarse.
Pero se aprecia, vistas las cosas de manera retrospectiva, que la República Dominicana del 1965 era muy diferente a la del 1916. No solo había cambiado la infraestructura, lo que iniciaron los propios invasores y continuó el dictador Rafael Leónidas Trujillo, sino también la mentalidad, con una América Latina que arribaba a su más elevada conciencia antiimperialista.
“Yanki: Go Home”, era la pancarta que enarbolaban los dominicanos por todo el país en 1965. Y de las bocas de niños, jóvenes, gente madura y ancianos se escuchaban consignas como “Si los yanquis no se van, en Quisqueya morirán”, “Fuera yanqui de Quisqueya” y “Caamaño, seguro, a los yanquis dale duro”, esta última en alusión al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, jefe militar constitucionalista.
Las dos horas calculadas por Johnson y Palmer para lograr la rendición de los constitucionalistas dominicanos se prolongó por casi cuatro meses, entre abril y septiembre de 1965, donde cada día que pasaba era mayor el descrédito internacional de la potencia del norte, empeñada en masacrar a los revolucionarios de un país pequeño y vecino, que solo buscaba regirse con el imperio de la ley y la constitucionalidad.
La Ciudad Colonial y Ciudad Nueva fueron las zonas donde se hicieron fuertes los combatientes dominicanos, en un proceso donde ofrendaron su sangre centenares de personas, civiles y militares, entre las que se destaca el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, principal estratega militar en la lucha para derrocar el gobierno de facto, caído en el combate por la toma del Palacio Nacional el 19 de mayo.
Mucho se ha escrito en el país y en el extranjero sobre el heroísmo de los hombres y las mujeres que enfrentaron las tropas de Estados Unidos en 1965, y más aún del sufrimiento y el luto que dejaron las botas yanquis en la tierra de Juan Pablo Duarte. Las batallas del 15 y el 16 de junio, escenificadas cuando la intervención se acercaba a los dos meses, se recuerda como la más sangrienta y definitiva, debido a que fue la de un esfuerzo mayúsculo de los yanquis por obtener la rendición.
Las lúgubres estadísticas de la guerra refieren que en los combates con el extranjero, entre el 15 y el 16 de junio, murieron 67 dominicanos, la mayoría civiles. El combatiente Andrés Fortunato Victoria sostiene que el interés de rendir a los dominicanos ese día era imponer en la Presidencia de la República al general vitalicio Antonio Imbert Barrera, que encabezaba un gobierno inconstitucional paralelo, con el aval del poder norteamericano.
Fortunato Victoria está convencido de que sin el heroísmo dominicano del 15 y el 16 junio, el país habría caído en una dictadura peor que la que encabezó Trujillo, y probablemente más duradera, a juzgar por la longevidad del general vitalicio, cuyo rango y categoría de “héroe nacional” los ostenta gracias a su participación en el tiranicidio.
Un documento presentado a la Conferencia de Río de Janeiro en noviembre de 1965 por la comisión que representó al gobierno constitucional presidido por Caamaño Deñó expresa los mismos temores de Fortunato Victoria cuando expresa que la primera representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en procura de una salida negociada al conflicto trató de imponer a Imbert Barrera en la Presidencia.
Dice que la OEA trabajó auxiliada por los cañones interventores “y mientras los negociadores del organismo regional festejaban a bordo de un acorazado norteamericano la firma del Acta de Santo Domingo, los marinos y paracaidistas de Estados Unidos bombardeaban y exterminaban las barricadas altas de la ciudad capital dominicana”.
“Detrás del general Imbert Barreras, nuevo títere surgido de los manejos diplomáticos del señor John Bartlow Martin (Embajador de los Estados Unidos), se movía activamente el general Bruce Palmer, quien con el fuego de su artillería pesada forzó la imposición de un nuevo régimen dictatorial, modelado al gusto del clan militar que vigila de cerca las actuaciones políticas del Departamento de Estado”, agrega.
El documento está firmado por los comisionados doctor Aníbal Campagna, ex presidente del Senado; doctor Jottin Cury, ex ministro de Relaciones Exteriores; Héctor Aristy, ex ministro de la Presidencia; doctor Salvador Jorge Blanco, ex procurador general de la República y Antonio Guzmán, miembro. Los dos últimos llegaron a ser, entre los años 1978 y 1986, presidentes de la República, respectivamente.
Reconocen los comisionados que “la tenaz resistencia de nuestro pueblo, ayudado por un mundo expectante y angustiado que condenaba el repentino atropello, impidió que esta primera comisión de la Organización de Estados Americanos legitimara las aspiraciones políticas de Washington”.
El manejo imprudente de los primeros comisionados de la OEA, serviles a los Estados Unidos, provocó su sustitución por representantes que por lo menos guardaran las formas. Fueron estos últimos que, en lo que se conoce como la Décima Reunión de Consulta, lograron la renuncia del Gobierno Constitucional y del inconstitucional, también llamado “de Reconstrucción Nacional”, para dar paso al gobierno provisional de Héctor García Godoy, mediante la llamada Acta de Reconciliación, firmada el 31 de agosto de 1965.
El gobernante provisional, quien había sido secretario de relaciones exteriores durante el gobierno de Bosch, fue juramentado el 3 de septiembre.
El gobierno provisional de García Godoy tenía entre sus metas principales convocar a elecciones para escoger un Gobierno Constitucional y propiciar un clima de respeto entre las partes que se enfrentaron durante la contienda bélica. Las fuerzas reaccionarias se propusieron, con el apoyo de los interventores, una cacería de constitucionalistas, practicando en terror y el asesinato selectivo.
Lo cierto fue que el presidente provisional carecía de poder y autoridad para hacer valer los puntos consagrados en el acta mediante el cual ascendió a la Primera Magistratura del Estado, puesto que el país seguía intervenido por unas tropas que se proponían, evidentemente, castigar a los dominicanos que no pudieron hacer rendir en combate.
El 16 de noviembre, la Comisión Negociadora del que fuera Gobierno de Caamaño denunciaba en Río de Janeiro la situación de criminalidad, inseguridad e impunidad reinante durante el gobierno provisional. Describe a García Godoy como un presidente sin fuerzas frente a los interventores, por las manipulaciones introducidas por la OEA durante las negociaciones.
Los comisionados denunciaron, valientemente, que el Gobierno Provisional de García Godoy carecía de facultad para solicitar el retiro de las tropas de intervención del territorio dominicano. “Esta demanda, reiterada en la mesa de las negociaciones por miembros de la comisión constitucionalista, fue rechazada sistemáticamente por los embajadores extranjeros en los días en que, forzados a concertar una paz desigual, la voz de estos últimos era respaldada con el incesante rugido de sus cañones”, indica.
Los comisionados Campagna, Cury, Aristy, Jorge Blanco y Guzmán le advirtieron en el documento antes citado a los embajadores de la OEA que a sus país podría ocurrirle lo mismo que a República Dominicana, “cuando sus pueblos, fatigados del secular abuso de los grupos oligárquicos nacionales y extranjeros, decidan repetir el glorioso movimiento democrático del 24 de abril de 1965”.
El doctor Cury, en carta del 8 de Junio de 1994, refiriéndose a la crisis post electoral de ese año, refirió que tras entregar el histórico documento en el organismo interamericano “el doctor José Augusto Vega Imbert (ex embajador ante la OEA) y yo fuimos detenidos por la policía brasileña y expulsados del lugar donde se celebró la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria”.
Para la Democracia Dominicana, lo que ocurrió a partir de abril de 1965, era apenas comienzos de dolores. La entelequia de gobierno de García Godoy fue solo el primer paso para uno que duraría doce años, encabezado por quien fuera el último presidente dejado por la Dictadura de Trujillo.
