Opinión

El concepto de competitividad económica entre los países, de alguna manera, está asociado a la ventaja absoluta de Adam Smith y el principio de la ventaja comparativa desarrollado por David Ricardo. El primero, concebía que el precio más bajo o competitivo se lograba en la medida que cada país utilizara su recursos más abundantes, mientras el segundo, se sustentó en que cada nación debía exportar los productos en que obtiene un mayor nivel de productividad relativa, debiendo entonces importar bienes en los cuales no obtiene niveles óptimo de productividad, es decir, aquellos productos que resultan más costoso producirlos internamente. En la visión cepalina o estructuralista, aparecen dos modalidades, como son, la competitividad precio que se sustenta en el modelo de bajos salarios y costos salariales, mientras que la competitividad productiva, toma como norte la adaptabilidad de los recursos humanos y el cambio tecnológico como la fuente fundamental para la definición nuevos eslabonamientos y creación de valor o riqueza de manera sostenible en el tiempo.

La historia ha demostrado que el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y el grado de desarrollo de las relaciones intersectoriales son la base de la Competitividad. Es decir, las Fuerzas Productivas como el conjunto de los medios de producción, la ciencia y su aplicación, el trabajador, sus competencias, hábitos de trabajo, actitudes y experiencias. De ahí que, cuando una sociedad carece de un buen grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, las empresas y el Estado fundamentan la competitividad, afectando el principal factor de las fuerzas productivas, el capital humano que son los trabajadores.

El problema de la apertura y la insuficiencia fiscal en los países latinoamericanos afecta sustancialmente los salarios reales, tanto es así, que estas economías no son capases de competir sin salarios reprimidos. La situación reside en que las importaciones o la demanda de bienes y de capital es superior a su capacidad exportadora hacia el resto del mundo, por cuanto el déficit comercial de balanza de pagos que genera este círculo virtuoso, termina volviendo estancos los salarios reales, en razón de que para mantener la estabilidad de los tipos de interés y de cambio, ante la insuficiencia de divisas, hay que impulsar políticas monetarias y cambiarias de corte restrictivo.

En adición, existen otros déficit que, en su mayor parte, derivan de desequilibrios estructurales, por ejemplo el subsidio eléctrico. En el ámbito cuantitativo, cabe mencionar el déficit cuasi-fiscal que corresponde a la crisis bancarias del 2003, solo estos dos ejemplos por su impacto presupuestaria cada ano, genera constreñimiento tanto en la capacidad del poder de compra de los salarios como la absorción de nuevos empleos por parte de las empresas y el estado.

En la medida que crese el nivel de apertura en economías cuyo crecimiento tiene una relación directamente proporcional al nivel de las importaciones, lo que conlleva más endeudamiento externo para financiar el déficit comercial, si bien garantiza el crecimiento por su natur4aleza, independiente a que haya mejorado el nivel de productividad genera deterioro en los salarios reales, en razón de que el crecimiento económico provocado por esta vía, genera escasos empleos y con baja calidad.

En la economía dominicana como parte del modelo latinoamericano de crecimiento, no escapa a esta realidad. Pues, en la medida que crese la apertura deriva una mayor dependencia de las importaciones, profundización del déficit comercial de balanzas de pagos y mayor nivel de endeudamiento externo. En efecto, durante el periodo 1950-1960 con una apertura comercial de 41.58% del PBI, se tenía un superávit comercial de US$33 millones, mientras que en el 1970-80, la apertura comercial aumenta a 44.54% del PBI, ante un déficit comercial de US$45 millones.

Sin embargo, durante 1981-1993 el nivel de apertura baja a 39.05% del PBI y al mismo tiempo aumenta drásticamente a US$814 millones, en el marco de la reducción y eliminación de los impuestos y controles a las importaciones. Mientras, en el 2007-2013, con la firma y ejecución de los acuerdos comerciales con CARICOM, Centroamérica y el DR-CAFTA, elevándose el nivel de apertura comercial a 60% del PBI, lo que provoco que el déficit comercial se situara en US$8 mil millones, al margen de la expansión económica que ha mostrado la economía dominicana.

En ese contexto, posterior a la aprobación del Condigo laboral, la fuerza laboral mostro una creciente productividad por hora a valor constante (descontando la inflación). En efecto, RD$2.35 en el 1991; RD$2.92 en 1997; RD$3.49 en el 2005; y RD$3.86 en el 2008, situación que es consistente con el crecimiento promedio que experimento la economía dominicana de 6.0% durante 1992-2013. Sin embargo, durante el 2010 y 2011, la remuneración laboral apenas representa entre 4.6% y 12.6% de los costos y gastos de las empresas que forman parte de los sectores agropecuarios, manufactura y comercio.

Esto, confirma que pese el crecimiento de la productividad los salarios siguen mostrando una baja participación dentro de los gastos totales de las empresas, lo que evidencia que ante el aumento del nivel de apertura económica la competitividad sigue anclada en los rieles de bajos salarios reales y que el sector privado se resiste al cambio tecnológico, pese al proceso de reformas a nivel arancelario, régimen de zonas francas (1990); Código Laboral (1992); régimen de inversión extranjera en 1995; las telecomunicaciones (1998); ley de promoción de exportaciones (1999); y los acuerdos comerciales con CARICOM, Centroamérica y RD-Centroamérica-Estados Unidos.

En la republica dominicana, la resistencia al cambio tecnológico por parte de las empresas se puede apreciar de forma empírica, asumiendo el estudio Encuesta Nacional de Actividad Económica de la Oficina Nacional de Estadísticas (2011). En efecto, el gasto en Investigación y Desarrollo (I&D) apenas representó 0.042% de un billón 767 millones de pesos reportado como gastos totales de las empresas en el año 2010. Las empresas de 10 a 29 trabajadores (as) gastan 0.002% en I&D; las de 30 a 49 trabajadores (as): 0.00031%; las de 50 a 99 trabajadores: 0.00090%; las de 100 a 249 trabajadores (as): 0.008%; y las de 250 y más trabajadores (as) 0.096%.

Por cuanto, la baja participación de los salarios en el total de gastos de las empresas y la escasa inversión en investigación y desarrollo. Esta situación, en el marco del modelo de flexibilidad laboral definido en la propuesta de modificación del código laboral formulada por el empresariado nacional, se torna un tanto errática, puesto que este tipo de políticas se plantea en economías de altos niveles salariales y de ocupación con tendencia a la capacidad plena de los factores o pleno empleo. Pues, pensar que el 12.6% que representa la remuneración salarial dentro de los gastos totales de las empresas, es el factor que impide la competitividad de la economía dominicana, solo pude provenir de un sector privado que en su momento no introdujo las mejoras minima en materia de I&D y cambio tecnológico, para competir en un mundo globalizado el cual requiere de un modelo de competitividad productiva.

La ausencia del cambio tecnológico en el patrón de acumulación seguirá afectando significativamente la competitividad económica de la economía dominicana. Pues, en el marco de un proceso de apertura con tendencia a profundizarse cada vez más, a falta del salto tecnológico, la competitividad al sustentarse en bajo salarios no es sostenible a mediano y largo plazo. Situación que al generar escasos eslabonamientos productivos también provoca bajos niéveles de ocupación de mano de obra, lo cual también termina afectando negativamente el precio de los salarios generando como tal, mayor niveles de pobreza, puesto que el salario más que precio es una variable distributiva, en razón de que es la fuente principal mediante el cual los asalariados reciben una parte de la riqueza creada por el trabajo. Por tanto, cuanto más bajo sea el nivel de salario menor será su participación en la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) y por tanto, mayor será el nivel de pobreza.