En su discurso de toma de posesión de la Presidencia de la República el 1 de julio de 1966, producto del proceso electoral culminado el mes anterior, el entrante Presidente Joaquín Balaguer no creó expectativas de cambios positivos para la población, con anuncios de sacrificios en lo económico y severas limitaciones al ejercicio de las libertades públicas, acorde con la política internacional de los Estados Unidos, potencia que mantenía invadido el país desde el 28 de abril del 1965.
Ante la Asamblea Nacional, Balaguer describió el período vivido por el país desde el golpe de Estado al Presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 hasta ese día de su juramentación como una etapa de anarquía, debido a que se había perdido el principio de autoridad y todo concepto orgánico del orden había desaparecido del ambiente dominicano.
Tras comprometerse a garantizar en su gestión un Estado de Derecho, en el que todas las instituciones y ciudadanos se sometan a la Ley, incluido el propio gobierno, inició una revisión a la situación económica del país, en evidente quiebra general, consecuencia de la corrupción del triunvirato derrocado por la Revolución del 24 de abril y la paralización productiva consecuencia de la guerra civil y posterior ocupación militar norteamericana.
“No es necesario describir a nadie en este país la situación en que se encuentran las finanzas nacionales, ni ponderar la obra titánica que es preciso llevar a cabo para superar esa situación caótica. Para que el país salga de sus ruinas, tenemos que pensar en una obra de saneamiento de la economía del Estado”, advirtió.
A seguidas anunció una política de austeridad, con una reducción general de los salarios públicos. “El sueldo del Presidente de la República, llamado a servir de ejemplo, será fijado en la suma de RD$750.00 y el de todos los demás servidores del Estado y de las instituciones autónomas se reducirán según su escala, que incluirá rebaja de los emolumentos de todos los empleados que perciban más de RD$200.00 mensuales”, precisó.
Explicó sin embargo, que los sacrificios en la nómina pública solo afectarían el 9 por ciento de los empleados, puesto que el porcentaje restante ganaba menos de doscientos pesos mensuales.
Ve en cultura “del menor esfuerzo” germen de Intervención
Balaguer, que al momento de tomar posesión el 1 de julio de 1966 el país todavía estaba ocupado por las tropas norteamericanas, hizo severas críticas a los segmentos de la población dominicana que condenaban la intervención de potencias extranjeras en los asuntos nacionales mientras aceptaban sus ayudas y dádivas, sin promover una cultura del trabajo como forma de salir de la pobreza y el atraso económico.
El flamante jefe de Estado aclaró que “la cultura del menor esfuerzo” no era exclusiva de la República Dominicana, sino que se había entronizado en los estilos de vida de la mayoría de los pueblos latinoamericanos.
Balaguer, político e intelectual, refirió un chiste cruel que hacía sobre Latinoamérica un representante de los Estados Unidos, presente en el acto de toma de posesión, en alusión a lo que entendía como la holgazanería generadora de pobreza imperante en la región. Ese invitado “expresó en una reunión de amigos que lo que hacía falta a muchos países de América Latina era igualar proporcionalmente las estadísticas de las personas que mueren de enfermedades del corazón anualmente en los Estados Unidos”.
Explicó ante los congresistas, el cuerpo diplomático y demás invitados que “lo que envolvía en el fondo este chiste ingenioso era una crítica suave a la tendencia muy propia de la sicología de nuestros pueblos a seguir la línea del menor esfuerzo, y a observar cierta actitud de apatía en la solución de nuestros propios problemas, particularmente de los que suponen un sacrificio o exigen un desgaste de energía individual o colectiva”.
Con su oratoria impresionista, el autor de El Cristo de la Libertad argumentó que República Dominicana estaba compelida a cambiar de criterio administrativo con respeto a las ayudas que recibía de los Estados Unidos, de manera que pudieran contribuir con el desarrollo de su aparato productivo, con el entendido de que si se dirigían a enmendar yerros presupuestarios y a cubrir desórdenes estatales se convertían en dañinas para el saneamiento económico e institucional.
“El daño que el país recibe de una política de esa naturaleza no es solo de índole económica sino también moral. Nos hemos acostumbrado a depender de la ayuda extranjera y no nos imponemos ningún sacrificio que nos permita salir por nuestro propio esfuerzo y en ejercicio de nuestra propia dignidad, del caos en que nos hallamos sumergidos”, expresó.
Al describir lo humillante de la intervención militar, dijo que los dominicanos “hemos llegado a un momento que no podemos seguir viviendo de limosna y protestando de la presencia de botas extranjeras en nuestro suelo, mientras nos avenimos cómodamente a recibir dádivas que no solo lastiman nuestro orgullo nacional sino que también nos exponen a perder a la larga el sentido de nuestra propia responsabilidad y de nuestro propio decoro”.
Balaguer, en un elogio al comportamiento histórico de los dominicanos, estimó que vivir de dádivas y limosnas de potencias extranjeras como la que mantenía invadido el país contrastaba con los méritos de República Dominicana “como Nación pequeña pero altiva, inerme pero digna, pisoteada pero gloriosa”.
Concluyó ese renglón de su discurso comprometiéndose a invertir los fondos recibidos del exterior en modernizar la infraestructura agrícola, con las presas y los caminos vecinales necesarios “para la conquista de algunos mercados que, como el de Puerto Rico y como los que han quedado libres para nuestros productos en los Estados Unidos desde la caída de Cuba en la órbita soviética, podrían constituir las bases de que hoy carecemos para labrar definitivamente la prosperidad dominicana”.
El estadista que juró como Presidente de la República Dominicana el 1 de julio de 1966 nunca ocultó el carácter represivo de su gobierno, y precisamente en el acto de ascenso al poder, advirtiéndole a los servidores públicos y de instituciones autónomas que las huelgas estaban prohibidas.
Fue preciso en advertir que “cuando durante el gobierno que hoy se inicia se declare una huelga que afecte un servicio de la categoría de los ya señalados, los huelguistas quedarán automáticamente cesantes y serán sustituidos sin contemplaciones por otros dominicanos que se consideren aptos para el ejercicio de las mismas funciones”.
Balaguer también dirigió su filípica a los partidos de la oposición, que como los huelguistas, serían tratados sin contemplación en caso de asumir posturas que el gobierno asumiera como ilegales y contrarias al orden público. Proclamó que la gran mayoría de los dominicanos quería vivir en paz dentro de la democracia, pero que una minoría procuraba mantener el país en la inestabilidad política.
“La suerte del país no puede vivir indefinidamente sujeta al capricho o a las locuras de una minoría”, advirtió, y afirmó luego que algunos “partidos políticos han incurrido en excesos lamentables con la publicación sistemática y casi diaria de comunicados y de proclamas en que se amenaza con apelar a las armas y en que se incita francamente a la ciudadanía a la sublevación y a la guerra fratricida”.
Adelantó a las organizaciones políticas aludidas que en el Código Penal de entonces existían disposiciones categóricas que castigaban las acciones calificadas como subversivas, incompatibles con el ambiente de paz y productividad que, en su opinión, aspiraba a vivir la mayoría de los dominicanos.
Con acentuado histrionismo, el Presidente advirtió que el gobierno actuaría sin vacilación cuando “cualquier persona o cualquier partido político incurra en el grave desacato de excitar las masas a la rebelión o al desconocimiento armado de las autoridades constituidas”.
Los doce años que siguieron demostrarían que la proclama contra las acciones de la oposición consideradas sediciosas no se quedaría en la simple amenaza, enfrentadas por grupos parapoliciales como La Banda y criminales protegidos definidos por el gobernante como “incontrolables”.
El 12 de agosto de 1966, cuando transcurría el segundo mes de gobierno, un “incontrolable” hirió mortalmente por la espalda a Ramón Emilio Mejía Pichirilo, quien se destacara como comandante de la revolución constitucionalista iniciada el 24 de abril del año anterior. Sucesos de esa naturaleza fueron “el pan nuestro de cada día” durante tres cuatrienios consecutivos.
Quien estudia las diferentes fuentes orales y escritas para reconstruir el inicio del período de los Doce Años comprobará que la reelección estuvo en la agenda del presidente Balaguer desde el día de su juramentación. A la semana de la juramentación creó una comisión de juristas encabezada por el licenciado Luis Julián Pérez, para elaborar un proyecto de reforma a la Constitución que restableciera la figura de la reelección presidencial, prohibida en la Carta Magna promulgada por Bosch en 1963.
Además de Julián Pérez integraban la comisión los juristas Carlos Rafael Goico Morales, Julio Peynado, Federico C. Alvarez, Carlos Sánchez y Sánchez, Herman Cruz Ayala, Porfirio Herrera Báez y Víctor Gómez Bergés, secretario.
“Cuando la comisión llegó al artículo relacionado con la reelección presidencial, varios de los miembros presentes fueron de opinión que se mantuviera la prohibición a la reelección que se había establecido en la Constitución de 1963, porque la corriente de la doctrina en esos momentos en el continente era ir dejando atrás esa práctica, para evitar el estímulo que se crea en los jefes de Estado a querer continuar en el ejercicio del mando”, refiere Gómez Bergés.
Explica, que no obstante, el artículo de la Constitución que permitió que se restableciera la reelección presidencial fue resultado de una reunión convocada por el licenciado Polibio Díaz, consultor jurídico del Poder Ejecutivo con los legisladores del Partido Reformista, que constituían mayoría en la Asamblea Nacional.
“De esa tarea se ocupó, entre otros, el senador por San Cristóbal, Adriano Uribe Silva”, apunta el autor del libro Balaguer y yo: La Historia, quien resalta que “esa fue la única modificación de importancia que se introdujo al texto elaborado por la comisión designada al efecto”.
La Asamblea Revisora de la Constitución, explica el autor, había formado una Comisión Especial que fue apoderada del estudio de la misma y el 11 de octubre de 1966 recomendó al pleno de ese organismo aprobar una enmienda que permitiera la reelección presidencial en forma indefinida. Finalmente, agrega, las modificaciones a la Constitución fueron promulgadas el 29 de noviembre de 1966.
“De esa forma se dejó abierta la posibilidad de que el Presidente de la República pudiera reelegirse en diversas ocasiones en el cargo. No podemos ni pensar siquiera, que este estuviera ajeno a ese laborantismo continuista preparado por Polibio Díaz”, concluye.
Sin ningún impedimento constitucional, Balaguer se mantuvo en reeleccionismo permanente durante 12 años.
