Opinión

Los ejercicios gubernamentales de más luz y progreso, en sentido general, que ha vivido la República Dominicana en toda su historia los encontramos registrados en los 180 meses de brillantes gestiones del Profesor Juan Bosch (febrero-septiembre de 1963; el doctor Leonel Fernández (agosto 1996-agosto 2000, agosto 2004-agosto 2008, y agosto 2008-agosto 2012), y el licenciado Danilo Medina (agosto 2012-febrero 2015).

Y no es para menos.

Esas gestiones han transformado y modernizado al país. Las contundentes, prioritarias y majestuosas obras de infraestructuras construidas durante los gobiernos de Bosch, Leonel y Danilo han dado un inequívoco impulso al turismo, al comercio y la economía nacional en sentido general, contribuyendo con la generación de cientos de miles de empleos y el evidente mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo dominicano.

El gobierno encabezado por el Profesor Juan Bosch (del 27 de febrero al 25 de septiembre de 1963, cuando se produjo un golpe de Estado que dislocó el rumbo de la historia nacional) se caracterizó por respaldar los derechos humanos y las libertades públicas y, sobre todo, por haber impulsado una serie de proyectos en el aspecto económico y social de extraordinaria trascendencia.

Los aspectos más sobresalientes y conocidos de ese interesante ensayo democrático son el respeto a los derechos de los ciudadanos y la expansión de las libertades públicas.

Sin embargo, cuando se pasa un balance minucioso a la obra de gobierno y los proyectos concretos emprendidos por Bosch hay que coincidir con los historiadores, políticos y economistas que señalan que el fatídico derrocamiento perpetrado el 25 de septiembre de 1963 ha retrasado el desarrollo económico y social del país por no menos de 40 años.

Según se desprende de publicaciones aparecidas en los periódicos El Caribe y Listín Diario de la época, y de la Constitución de 1963, el gobierno de Juan Bosch echó las bases del desarrollo económico y social de la República Dominicana, encaminó acciones concretas para sembrar el país de fábricas, industrias y acueductos, incentivar la agricultura y la pecuaria, rescatar la escuela dominicana, eficientizar el sistema sanitario nacional y proteger el medio ambiente.

En virtud de las obras contratadas por el Presidente Bosch, si su gobierno no hubiese sido derrocado la sociedad dominicana no estaría hoy día sufriendo aún de tantas carencias fundamentales, y quizás tuviera el mismo grado de desarrollo económico y social que hoy exhibe con orgullo la República China de Taiwán.

El gobierno de Bosch -dentro del elevado grado de apertura y participación que exhibió- abrió las puertas del Palacio Nacional al pueblo, y en ese sentido, todos los días miércoles el presidente de la República desayunaba con representantes de los diversos sectores del país, a fin de escuchar sus planteamientos y procurar soluciones en conjunto.

Ahí -en ese ejemplo- están las raíces de los esfuerzo de diálogo y concertación que han impulsado, desde sus respectivos ascenso al Poder, el ex Presidente Leonel Fernández y el Presidente Danilo Medina, sin dudas, dos discípulos aventajados del Maestro de la Política, Padre de la Democracia y Símbolo de la Dignidad Nacional.

Bosch, quien asumió el Poder el 27 de febrero de 1963 –hace 52 años- y encontró al pueblo dominicano sumido en un estado de miseria general alarmante, promulgó una Constitución que puede encasillarse entre las más modernas y avanzadas de la época.

El Consejo de Estado, que había dirigido los destinos de la nación antes del ascenso de Bosch al Poder, dejó al Estado en una situación de bancarrota tal que el nuevo gobierno tuvo que hacer malabares para poder pagar los sueldos a los empleados públicos correspondientes al mes de marzo y para eliminar un déficit de 53 millones 500 mil pesos que se registró en el presupuesto gubernamental, el cual era apenas de 176 millones de pesos.

A pesar de todos esos y otros obstáculos, el Presidente organizó la economía del país, reorganizó los distintos departamentos de la administración pública, pagó la deuda externa, consolidó la moneda nacional y el crédito interno y externo del Estado, dispuso aumentos de los salarios en los sectores público y privado y congeló los precios de los productos de primera necesidad.

Se recuerda que fue Bosch quien creó y promulgó, el 27 de abril de 1963, la Ley 13, de protección a la economía popular, mediante la cual se consideraban productos básicos todos aquellos cuyo uso y consumo se consideren razonablemente imprescindibles para el sostenimiento de la vida humana.

Asimismo, el gobierno dispuso el levantamiento de unas 200 tiendas del pueblo, como se les llamaba en la época, para ofertar productos a la población a precios accesibles.

En el aspecto económico, las autoridades de 1963 también dispusieron, a través de la Corporación de Fomento Industrial (hoy Proindustria), de un plan de ayuda a la pequeña y mediana industria y artesanía; la construcción de un hotel turístico en Samaná, una fábrica de ropa en Barahona; una de cemento en Montecristi; y otra de acero que se llamaría Metaldom, en Santo Domingo.

De igual manera, el Presidente impartió instrucciones para la organización de una pesca familiar, con miras a dotar de conocimientos pesqueros a familias pobres para que se dedicaran a esa actividad con una inversión mínima de fondos.

También ordenó que se hiciera un plano regulador de Haina para que esa localidad se desarrollara como una ciudad que dentro de 20 años se convertiría en un centro económico importante; y negoció con la firma europea Overseas Industrial Construction LTD, representante de la General Electric de Inglaterra, la construcción de una planta eléctrica, un nuevo muelle y el dragado del puerto de Puerto Plata, con miras a incentivar el turismo y el desarrollo industrial de la zona.

Cuando ese tipo de corporaciones apenas era conocido en el mundo, el gobierno del Profesor Juan Bosch, uno de los más democráticos que ha conocido el país en su historia, promulgó la Ley número 38, disponiendo la construcción de la zona franca de Puerto Plata y posteriormente la de Samaná.

El Poder Ejecutivo, además, había contratado en Europa el levantamiento de una gran planta petroquímica y una refinería de petróleo, en la comunidad de Salinas, de Barahona.