Con un candidato opositor que superaba ampliamente al oficialista en los cómputos preliminares de la Junta Central Electoral (JCE), el teniente general Juan René Beuchamps Javier, secretario de las Fuerzas Armadas, ordenó la madrugada del 17 de mayo de 1978 la ocupación militar de todos los centros de votación del país, con la suspensión del conteo de los sufragios y la cadena de radio y televisión que transmitía los resultados.
Todos los cronistas de la época coinciden en que la medida de fuerza se dispuso cuando los boletines oficiales difundidos por una red nacional de radio y televisión situaban al candidato opositor, el hacendado Antonio Guzmán Fernández, de 67 años, en una posición prácticamente inalcanzable sobre el Presidente de la República, Joaquín Balaguer, de 72, empeñado en continuar en un cuarto período consecutivo.
Los dominicanos, sin darse cuenta, estuvieron bajo una literal situación de golpe de Estado. La mayoría de los medios de comunicación amanecieron fuera del aire, con rumores de todo tipo en todo el país, mientras emisoras de naciones cercanas hablaban de la crisis política en República Dominicana.
Guzmán fue el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Balaguer del oficialista Partido Reformista (PR), organizaciones que polarizaron las votaciones, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) participaba por primera vez en unos comicios con la candidatura de su líder Juan Bosch.
“La interrupción del proceso electoral por los militares arrastró al país a una crisis de credibilidad del sistema político y sembró la amenaza de un golpe de Estado para impedir la victoria de la oposición. Las tensiones políticas dominaron la vida de la república durante todo el largo período de transición de tres meses, desde las elecciones hasta la instalación de las nuevas autoridades, con efectos dramáticos en la economía y la marcha institucional del país”, escribe el periodista Miguel Guerrero en su libro Al borde del Caos, sobre esa traumática etapa histórica.
No puede afirmarse con propiedad que las elecciones del 16 de mayo de 1978 fueron auténticamente libres, aunque finalmente se juramentaron nuevas autoridades el 16 de agosto. El PRD fue despojado de cuatro senadurías y una diputación, dejando la mayoría senatorial en poder del partido derrotado, lo que le daba prerrogativas para designar a todos los miembros del Poder Judicial.
Un dato que refleja el terror existente la madrugada del 17 de mayo de 1978 es que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Joaquín Castillo, decidió ocultarse ante la presencia militar en el organismo. El referido libro da cuenta de que Guzmán aventajaba a Balaguer por 108,000 votos, registrándose 326 mil a favor del primero y 218 mil 73 para el segundo.
El autor, que jamás tuvo cercanía con el PRD y se le conocieron vínculos estrechos con los reformistas, entiende que al parecer la ventaja era mayor. “Luego, un apagón sumió en una profunda oscuridad a toda Santo Domingo. Las tropas, en traje de faena y vehículos de combate, se adueñaron virtualmente de la ciudad. El país parecía cercano al caos y la dictadura. Y despojado de toda autoridad, el presidente de la JCE, licenciado Manuel Joaquín Castillo, se iría del edificio, desconociéndose su paradero”, refiere.
Fue determinante para una solución a la crisis la presión ejercida por los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela, presididos por Jimmy Carter y Carlos Andrés Pérez, quienes le reclamaron al Presidente Balaguer hacer respetar el resultado de los comicios.
Gobiernos y partidos políticos de todo el mundo hicieron el mismo reclamo al presidente dominicano, muy especialmente los pertenecientes a la Internacional Socialista, confederación política entre cuyos líderes principales se encontraba el secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez.
El secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance había tratado de comunicarse telefónicamente con Balaguer para expresar la preocupación de su gobierno por la crisis dominicana, pero el gobernante dominicano, según se alegó, se encontraba dormido.
De esa forma, el embajador de los Estados Unidos en el país, Robert Yost, visitó en su residencia a Balaguer para externarle la preocupación de su gobierno, pero el presidente dominicano no le recibió tras horas de espera en la marquesina de la casa número 25 de la avenida Máximo Gómez de la Ciudad Primada de América.
En su obra Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo, Balaguer justifica su actitud frente al diplomático estadounidense. “El embajador de los Estados Unidos de América, señor Robert Yost, en vista de mi supuesta renuencia a recibir la comunicación directa con el secretario de Estado Vance, visitó mi residencia en la mañana del 17 de mayo, sin haber solicitado previamente la audiencia en la forma protocolar requerida”, refiere.
Argumenta que al diplomático “se le hizo saber, después de haber permanecido durante varias horas en la marquesina de mi residencia particular, que solicitara audiencia por vía de la Cancillería o que dejara su mensaje escrito, en mano del jefe de la escolta presidencial”.
Según el propio Balaguer, la nota entregada al general Eligio Bisonó Jackson por el embajador Yost “se limitaba a expresar la preocupación del secretario Vance por la supuesta interrupción de los cómputos electorales y por la posibilidad de una intervención militar en el certamen democrático”.
No solo el secretario de las Fuerzas Armadas, Beuchamps Javier, figuraba entre los jefes militares partidarios de un golpe de Estado que desconociera las votaciones. De igual forma pensaban el jefe de la Policía, mayor general Neit Rafael Nivar Seijas y el jefe de la Marina de Guerra, vicealmirante Francisco Rivera Caminero, de acuerdo con un conocido testimonio del doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), entonces abogado del Partido Reformista.
El jurista dice que consultó al gobernante junto a los militares en su residencia, pero que éste se negó enérgicamente a las intenciones de abortar el proceso electoral. “Trate de que se mantenga todo dentro de la órbita electoral y cuídese”, le habría dicho Balaguer a Castillo, tras recibir la información de que estaban perdiendo las elecciones.
El viejo zorro de la política le habría dicho también a Castillo que esos militares no maquinaban sus acciones porque adhesión a su persona, sino en defensa de sus fortunas y privilegios. Los días le darían la razón a Balaguer, debido a que tan pronto los uniformados se percataron de que el triunfo de Guzmán era irreversible, llegaron a solicitarle los mismos favores con que los había premiado el jefe de Estado saliente.
Hicieron las solicitudes por escrito a Guzmán durante una reunión en un salón de la secretaría de las Fuerzas Armadas, y de manera astuta, el presidente electo recibió el listado y tras retirarse lo convirtió con su puño en una insignificante bola de papel, lista para el cesto de la basura.
Las actuales generaciones de dominicanos no podrían imaginarse la incertidumbre vivida en esta Nación durante los meses transcurridos desde el 16 de mayo hasta el 16 de agosto de 1978. Los aparatos político-militares continuaron con la misma represión de los 12 años, y hasta un general llamado Esteban Jáquez Olivero llegó a proclamar ante sus subalternos que el Presidente Guzmán solo gobernaría hasta Nagua, porque a partir de ahí el país estaría bajo su mando.
En su discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 1978, Guzmán resaltó que en esa fecha se cumplían exactamente cien años de la última transmisión de un mando presidencial en la República Dominicana, precisando que fue en 1878 cuando Cesáreo Guillermo le entregó el poder al presidente electo Ignacio María González.
En presencia del presidente saliente Balaguer, el vicepresidente Jacobo Majluta, senadores, diputados y todo el cuerpo diplomático y consular, destacó la importancia de aquel acto, “ya que después de un siglo de accidentada historia política caracterizada por la debilidad de nuestras instituciones, con este solemne acto se abren hermosas y promisorias perspectivas para nuestro orden institucional”.
“Yo espero que Dios me ayude a contribuir para que en el futuro las periódicas consultas electorales constituyan acontecimientos normales en la vida de la Nación, sin alterar en lo más mínimo las actividades de la vida nacional”, expresó, ante el aplauso de los presentes.
No obstante, indicó que en el proceso del que salió triunfador, el partido gobernante “utilizó, de manera inescrupulosa, todos los recursos del Estado en su afán de continuar al frente de la cosa pública”, pero que a pesar de todo nunca dudó de la victoria, la cual se habría tratado de empañar con el argumento de que su partido ganó a merced de un fraude electoral, lo que en su opinión no podía caber en ninguna cabeza sensata.
También criticó que a su partido se le despojó de las senadurías de las provincias Bahoruco, La Altagracia, María Trinidad Sánchez y El Seybo. “El desafortunado procedimiento utilizado consistió pues, en la adición de un porcentaje de votantes al Partido Reformista, que obtuvo de esa manera la mayoría de esas provincias, a pesar de que los votos que se depositaron en las urnas le habían dado el triunfo al Partido Revolucionario Dominicano”, sostuvo.
Guzmán se comprometió con realizar un gobierno de libertades públicas, donde la corrupción, atribuida al gobierno saliente, fuera sustituida por el manejo pulcro de los fondos públicos, a ser utilizados para el desarrollo de la nación, en campos vitales como la educación, la salud, la agricultura, la vivienda y el fomento de empleos.
El propio Balaguer había admitido que en su administración la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.
“Ha llegado el momento de que los hombres vuelvan a ser premiados por su dedicación al trabajo, por su vocación de servicio a la patria y a sus conciudadanos, y no por los frutos de su afán de lucro o por su habilidad para hacer engrosar su capital privado con fondos del Erario Público o con el tráfico de la influencia que da el poder”, proclamó.
Una de las medidas que mayor popularidad le prodigó al presidente entrante desde su primer día de gobierno fue la puesta en retiro en un mismo decreto de 16 generales y decenas de oficiales abiertamente represivos y reeleccionistas, entre los que figuraba, como era de esperarse, el insubordinado Jáquez Olivero.
Aunque no llenó las expectativas creadas con su elección, Guzmán dio apertura a las libertades democráticas, con la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Irónicamente la oposición más rabiosa la recibió de su propio partido, especialmente de su abogado Salvador Jorge Blanco, Senador por el Distrito Nacional y aspirante a sucederle en la Presidencia.
La lucha interna desatada en el PRD gobernante no tuvo tregua, mermando su posibilidad de producir una obra de envergadura, que sirviera de referencia material de su paso por el poder tras 17 años de luchas contra adversidades internas y foráneas.
Ni siquiera pudo el gobernante concluir su mandato. Un fatídico 5 de julio de 1982, fecha en que su partido celebra la llegada al país desde el exilio en 1961, la nación fue sorprendida con la noticia de su suicidio en un baño del Palacio Nacional.
Decepcionada con la experiencia perredeista en el gobierno, parte importante del pueblo comenzó a ver en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fundado por Juan Bosch, otrora líder del PRD, una organización diferente, como instrumento para el logro de conquistas económicas, políticas y sociales, pendientes de realización en la accidentada historia del país.
