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Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza injerencia de EE.UU.

Caracas, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, rechazó las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos y las consideró oprobiosas a la dignidad de este pueblo y su Gobierno democrático, legítimamente constituido.

Por medio de un comunicado oficial, califica de absurda y carente de cualquier sustento jurídico la Orden Ejecutiva de Washington en la cual señala a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de esa nación norteña e impone sanciones a funcionarios locales.

Acciones de esa naturaleza son un subterfugio que esconde oscuros intereses de grupos de poder internos y externos centrados en socavar la gobernabilidad y estabilidad política y social, señala el texto.

Padrino ratificó la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al presidente y comandante en Jefe, Nicolás Maduro, así como a las instituciones democráticas y a la Constitución.

Además, expresó su solidaridad y apoyo incondicional para los ciudadanos a quienes Washington «ha vilipendiado de manera injusta» al acusarlos de violar los derechos humanos.

«Colocamos a su disposición todas nuestras fortalezas tangibles e intangibles para que continúen su labor patriótica en beneficio de la sociedad venezolana», agregó.

La FANB reiteró su vocación pacifista, como institución heredera del Ejército de las guerras independentistas, y su compromiso de defender la Patria.

El Ministro hizo también un llamado a todos los venezolanos para cerrar filas ante la agresión de Estados Unidos
La víspera, Barack Obama emitió una orden presidencial que declara «emergencia nacional» al considerar a Venezuela «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos».

Además, basadas en la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela del 18 de diciembre de 2014, impone sanciones a 7 funcionarios militares, judiciales y policiales, a quienes acusa de supuestas violaciones de derechos humanos.

La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense.

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