El senador Tommy Galán Grullón introdujo al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Evaluación de la Efectividad de los Incentivos Fiscales, Económicos y Exenciones Fiscales que otorgue el Estado Dominicano.
Esta iniciativa tiene como propósito establecer el marco legal para viabilizar la evaluación periódica de las facilidades gubernamentales existentes y requerir, como política pública, que todo incentivo fiscal contenga parámetros para la adecuada medición de sus efectos, señaló Galán Grullón.
“Por este motivo estamos introduciendo este Proyecto de Ley, a fin de garantizar un fortalecimiento de las políticas públicas en la República Dominicana y la optimización de la administración recursos del Estado, de las finanzas públicas a fin de garantizar un mejor porvenir para los hombres y mujeres de nuestra Patria”, dijo.
Agregó que en “términos generales puede decirse que los incentivos tributarios constituyen instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores económicos a un costo fiscal limitado”.
En el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2015 se estiman unos RD$201,751 millones, un 6.7% del Producto Interno Bruto, a Gasto Tributario, indicó el senador Galán Grullón.
Señaló que pese a los altos costos que dicho Gasto Tributario representa, el Estado no cuenta con el dispositivo legal que instrumente un mecanismo de evaluación y medición del impacto de dichos incentivos, pues se desconoce los costos y los beneficios que presentan, y en especial, habría que determinar si los mismos cumplen con los objetivos que le dieron origen.
“Nosotros creemos que el Estado Dominicano debe evaluar y regular constantemente los incentivos que otorga para determinar si están funcionando correctamente o no, pues, dichas evaluaciones constituyen piezas fundamentales a la hora de tomar decisiones de política pública”, destacó.
El senador por la provincia de San Cristóbal, explicó que de “esta forma se pueden tomar decisiones de políticas públicas en torno a ampliar, continuar, reformar o terminar un programa de incentivos, y evitar pérdidas de los escasos recursos del estado o, por el contrario, potenciar un resultado beneficiador.
La flexibilidad que establece el proyecto de Ley, es de suma importancia, pues el otorgamiento de cualquier tipo de preferencia contributiva es una decisión que requiere un balance entre invertir fondos públicos para propósitos tales como educación, salud, seguridad ciudadana, u otorgar dichos incentivos, indicó.
Reiteró que este proyecto de ley crea las condiciones para que los hacedores de políticas públicas puedan tomar decisiones de forma tal, que la óptima inversión de los recursos del Estado sea asegurada. “De lo contrario, es evidente que un uso desacertado de fondos públicos redunda en la pérdida de oportunidades en otras áreas que se podría invertir.”
Por ello el Proyecto de Ley, crea las condiciones para que toda iniciativa legislativa que otorgue beneficios o incentivos económicos, fiscales o tributarios o que implique erogación de fondos públicos, incluya un mecanismo de medición para asegurar que las metas trazadas se cumplan y asegurar que las dependencias del Estado encargadas de la ejecución, puedan tener las herramientas para medir el rendimiento de los fondos públicos invertidos en la actividad incentivada, explicó el Senador Galán.
El también presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto de la Cámara Alta precisó que solo así podremos garantizar que la estrategia implantada mediante la concesión de incentivos cumpla con el objetivo o intención de promover el desarrollo, combatir la pobreza o viabilizar el incremento de determinada actividad en nuestra sociedad.
El Proyecto de Ley que dispondría evaluar periódicamente los incentivos también ordena que dicha acción forme parte del proceso presupuestario anual que se realiza con la participación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El legislador expresó que “la falta de información no permite a los hacedores de políticas públicas tomar decisiones informadas, en un país donde los recursos que dispone el Estado son limitados”.
