La provincia Sánchez Ramírez está en busca de resolver sus necesidades más urgentes y encausar la población por las sendas del progreso, desarrollo y bienestar , utilizando para ello la riqueza que emana de su territorio
Con esos propósitos tiene cada vez mayor vigencia el reclamo de la entrega del 5% de los beneficios por la extracción de diferentes metales de la mina de Pueblo Viejo.
“Con el cinco por ciento de la explotación minera, que la provincia no recibe, pudiéramos aportar a su desarrollo”, expuso Alejandro Jerez, Presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Sánchez Ramírez , en un conversatorio con Vanguardia del Pueblo, reiterando sus ideas de que para que ese dinero llegue, es necesaria la unidad de las autoridades, partidos políticos, fuerzas vivas y de todos los hombres y mujeres de la provincia.
La obligatoriedad de entrega de recursos para el desarrollo de las comunidades en donde se explotan las reservas mineras, tiene un mandato de la Constitución de la República, que ordena que los beneficios de la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se localicen dichos recursos.
En ese sentido el también diputado ante el Congreso precisa que la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que al municipio donde se desarrolle la actividad minera, se debe entregar el cinco por ciento de los beneficios netos.
La multinacional Barrick Gold es la empresa que explota la riqueza aurífera ubicada en Pueblo Viejo, quien en el contrato original y en las dos enmiendas introducidas, afirma que aportaría el cinco por ciento de los beneficios netos, “sin embargo, la provincia no ha visto un solo centavo de esos beneficios”, se quejó el presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana.
Jerez refiere que en el contrato con la empresa minera se aprobó que el Estado instruiría a la administración de la empresa explotadora de los yacimientos a que entregara directamente el porcentaje de los beneficios o que la administración estatal los reciba y entregue posteriormente a la provincia.
¿Que ha sucedido?, se pregunta nuestro entrevistado para facilitar la explicación a Vanguardia del Pueblo, afirmando entonces: “que el Estado ha recibido alrededor de quinientos millones de dólares y no se ha entregado un solo centavo a la provincia”.
La provincia Sánchez Ramírez demanda, reclama la entrega de esos recursos para impulsar el desarrollo de sus pueblos y campos de la demarcación ubicada en el Cibao oriental.
El reclamo del 5 % de los beneficios netos de la explotación minera en la provincia Sánchez Ramírez, aglutina todos los sectores, el senador, los diputados, alcaldes, autoridades de los fondos mineros, la gobernación, las iglesias, la sociedad civil , los empresarios, Cámara de Comercio.
Alejandro Jerez explica que la Ley 91- 05 ordena la creación de un Consejo para administrar los fondos provenientes de la explotacion de los recursos mineros . Ese Consejo está constituido y en él están, todas las autoridades y las fuerzas vivas de la provincia.
La experiencia legislativa del Presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia Sánchez Ramírez y su vínculo directo con la comunidad, le permiten advertir una inobservación de las autoridades al momento de firmar las enmiendas al contrato con la multinacional Barrick.
“Resultó que se puso en la enmienda que todo el dinero que ellos inviertan (la minera) en la provincia ya se trate de responsabilidad social, de inversión mediante los sectores públicos, se lo cargan al Estado y entonces el Estado lo carga al cinco por ciento de los beneficios netos de la exploración” argumentó Alejandro Jerez.
Hace notar que es un concepto totalmente divorciado del precepto Constitucional y de la Ley , porque los beneficios quien los debe administrar es la provincia, que está organizada en un Consejo y no la minera que explota los yacimientos.
La administración de los fondos que resulten del cinco por ciento de los beneficios netos ha de contar con la supervisión de organismos estatales como la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y todos los organismos de fiscalización de fondos públicos
“Pedimos por este medio al gobierno dominicano, a nuestro querido Presidente, compañero Danilo Medina, que la provincia Sánchez Ramírez no puede esperar mas por el cinco por ciento de los beneficios mineros “ se pronuncia el diputado Alejandro Jerez, recomendando un encuentro para determinar el apoyo que se le dará al plan de desarrollo provincial, que cuenta con los fondos mineros.
Agregó que las necesidades de los municipios y zonas urbanas de la provincia, pueden cubrirse con esos recursos, que salen del mismo territorio provincial.
“Con esos recursos procuraríamos sentar la base para incentivar la inversión privada, que generaría los empleos que está demandado una amplia población juvenil desempleada.
La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) es la segunda universidad pública de República Dominicana, proviene del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, al que se le dio la categoría de academia superior.
En primera fase el instituto técnico y luego la academia superior es un producto de los fondos mineros, que antes otorgaba la Rosario Dominicana, empresa estatal que explotaba los yacimientos metálicos en Pueblo Viejo.
Recuerda Alejandro Jerez que el Consejo de administración de los fondos mineros creó tres instituciones que han impulsado la economía provincial: La Asociación Cotui para el Desarrollo, Asociación Cotui de Ahorros y Prestamos y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). De ellas solo queda la universidad, las dos primeras pasaron al sector privado. Esa universidad requiere del empuje que pudiera recibir de los fondos de los beneficios de la explotación de la mina.
“Si este dinero se le entregara a la provincia bajo la supervisión estatal ,se superara un gran escollo” declara Alejandro Jerez, revelando que en la actualidad unos siete mil bachilleres de esa demarcación estan sentados en sus casas porque no tienen con que pagan la universidad.
“Ese es un caso grave que superaríamos con becas provenientes de los fondos que no se han entregado” concluyó.
Participemos de manera conjunta, reclamando un derecho constitucional. No dejemos escapar la oportunidad de una vida digna y con calidad en la provincia.
