Washington, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Abogados federales intentarán a partir de hoy hacer avanzar las políticas migratorias del presidente Barack Obama ante el tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans. Este viernes un panel de tres jueces escucharon las justificaciones del gobierno federal, que defiende los beneficios de la expansión del programa de acción diferida (DACA) para Dreamers (jóvenes que fueron traídos al país en edades tempranas), y otro similar para adultos, DAPA, y quiere ponerlos en marcha de inmediato. La demanda de la Casa Blanca, apoyada por más de una docena de estados, pide al tribunal que anule un fallo del juez federal en Brownsville, Texas, Andrew Hanen, que frenó temporalmente los alivios migratorios el pasado 16 de febrero.
Hace una semana Hanen rechazó una apelación del Departamento de Justicia y dijo estar dispuesto a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo de Justicia si es necesario, aunque históricamente la mayor corte del país se inclina a favor del gobierno al considerar que solo este puede legislar sobre inmigración.
Si los abogados del gobierno fallan en su intento de revertir la orden preliminar del juez, los esfuerzos de inmigración de Obama podrían permanecer en un limbo legal durante meses, generando dudas sobre si las políticas se llevarán a cabo antes de que el presidente deje el cargo.
El desafío de los estados es liderado por Ken Paxton, el fiscal general de Texas, quien plantea el gobierno está tomando «acciones canallas» que representan un caso flagrante de extralimitación y claro abuso de poder, reseña este viernes el diario The New York Times.
Por otra parte, nuevas estadísticas fortalecen hoy las medidas ejecutivas de Obama sobre los inmigrantes.
Estimados del Instituto de Políticas Económicas y de Impuestos (ITEP, por su sigla en inglés) señalan que los pasos orientados por la Casa Blanca en 2012 y 2014 representarían la recaudación de un total de 845 millones de dólares más de impuestos estatales y locales al año.
La previsión sostiene que legalizar la residencia permanente de los 11,4 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país aumentaría en dos mil 200 millones de dólares anuales la recaudación de impuestos.
Solo en 2012 los inmigrantes sin papeles pagaron 11 mil 840 millones en impuestos, de ahí la importancia, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, de la aplicación de los alivios migratorios que suponen la regularización de más de cinco millones de personas que viven en la sombra.
