Fuente: BBC
País/Región: Honduras
Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.
Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.
Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.
El informe titulado «¿Cuántos más?» señala que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per capita de defensores del ambiente en todo el mundo.
De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor- casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.
En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. «Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán», dijo Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.
La ONG cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.
Para Chris Moye, el caso de Berta Cáceres es representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.
¿Cuál es la historia de esta mujer cuyo pueblo se considera guardián de los ríos?
«Aprendí de mi madre»
Cáceres asegura que aprendió de su madre el sentido de la justicia.
«Crecí en un hogar dirigido sólo por mi mamá y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos».
Su madre, doña Berta, fue partera, enfermera y alcaldesa y en la peor época de la represión de los 80 se dedicó atender la salud de refugiadas salvadoreñas.
«A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de Estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha».
La actitud frente a la vida de doña Berta marcó profundamente a su hija. De niña ayudó a su madre, participó luego activamente en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en su identidad lenca.
«Actualmente somos más de 400 mil lencas. Somos un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador.»
«Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos», dijo Cáceres a la BBC.
En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas.
Una de las mayores luchas por esos ríos ha sido de Agua Zarca.
Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la organización fundada por Cáceres.
«Comenzó a ingresar maquinaria pesada al lugar. Ahí se dieron cuenta que era un proyecto hidroeléctrico, nadie del gobierno les había comunicado nada».
El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro.
La organización que concedió el premio a Cáceres señala que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras.
La represa de Agua Zarca «hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda», dijo Cáceres a la BBC.
En esos proyectos «el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas».
En más de 150 asambleas indígenas las comunidades lencas expresaron el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.
El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.
Ante la falta de respuesta del gobierno, en 2010 Cáceres llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso el rechazo al proyecto hidroeléctrico.
«Pero otorgaron los ríos a empresas privadas por más de 30 años».
Finalmente, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria.
El bloqueo duró más de un año y fue según Cáceres uno de los períodos más difíciles.
«Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados, sicarios. Incluso la policía hizo acciones en que apuntó los cañones de sus fusiles a las cabezas de niños y niñas y ancianos de Río Blanco».
Tres líderes lenca fueron asesinados durante la campaña de Agua Zarca, según Global Witness.
Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad.
A finales de 2013, Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria.
La Corporación Financiera Internacional retiró posteriormente su financiación citando inquietudes sobre violaciones de los derechos humanos.
Y organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra instan ahora a otra empresa, la alemana Voith Hydro, a que abandone su respaldo al proyecto.
El proyecto de Agua Zarca está detenido por el momento.
«Pero amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadienses», por el que Cáceres asegura haber recibido múltiples amenazas.
«Sabemos que es muy duro y que es una situación que se va a agravar».
Luego de una visita a la región en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció «reportes que apuntan a una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos (…) a pesar de patrones de violencia identificados por organizaciones campesinas en relación a la posible participación del Estado en los presuntos incidentes».
El país fue retirado de la lista negra de la Comisión, algo que según la misma sólo implica un sistema de monitoreo distinto.
El gobierno hondureño recogió la medida el 27 de enero de 2015 con una declaración en el sitio presidencial: «Por primera vez, después de cinco años, un gobierno logra que Honduras sea excluida de la Lista Negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Juan Orlando Hernández en garantizar que se respeten los derechos humanos de los hondureños».
Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron Honduras por temores de seguridad.
«Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río».
«Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país», dijo Cáceres a la BBC.
«No nos queda otro camino más que luchar».