Brasilia, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) La propuesta legislativa de reforma política en Brasil prevé el fin de la reelección de prefectos, gobernadores y del presidente de la República, afirmó el diputado Marcelo Castro, relator de ese proyecto.
El texto de ese documento, que establece asimismo mandatos de cinco años para todos los cargos de elección popular, será presentado este martes en la Comisión especial parlamentaria, la cual deberá aprobarlo antes de pasar a discusión en el plenario de la Cámara de Diputados, destacó Castro.
Puntualizó que esa iniciativa determina igualmente la unificación de todas las elecciones en una misma fecha, desde los concejales hasta la del jefe de Estado.
Tal decisión causaría que los nuevos prefectos elegidos en los comicios de 2016 tengan un mandato reducido de dos años debido a la celebración en 2018 de los comicios generales en el país con los nuevos cambios.
A partir de ese año, todos los escogidos en las urnas tendrían cinco años en sus cargos, incluido los senadores, cuyo mandato se extiende actualmente a ocho años, agregó.
Castro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), manifestó que hay coincidencia en torno a acabar con la reelección de cargos públicos en Brasil y en mantener el voto obligatorio en los comicios.
Algunos políticos llamaron la atención sobre las lagunas de esta iniciativa, que deja abierta la posibilidad a diputados y senadores a volver a presentarse como candidato de manera consecutiva.
Un proyecto de este tipo fue discutido en 2004 por el Congreso y no fue aprobado por crear diferencias entre legisladores y otros cargos de elección popular.
Ahora, el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, espera contar con el respaldo de la oposición para sancionar la reforma política.
Entre los puntos más polémicos de esta propuesta figura la financiación de partidos políticos y de las campañas electorales, pues los bloques opositores proponen mantener los aportes de las empresas privadas, mientras el Partido de los Trabajadores (PT) y otras agrupaciones aliadas se oponen.
Para el gobierno, las contribuciones privadas constituyen una de las puertas de acceso a la corrupción en esta nación, que desde el año pasado investiga a una treintena de empresas y exdirectivos de Petrobras, así como a 50 políticos, por supuesta implicación en el esquema de desvío de dinero y contratos inflados en la petrolera estatal.
