Panamá, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) La reciente intervención y cierre temporal del Banco Universal de Panamá tiene hasta hoy sin acceso a sus cuentas a decenas de miles de ahorristas, entre ellos empresas que siguen sin pagar salarios a sus obreros.
La desconfianza crece a pesar de comunicados, advertencias y comparecencias públicas de funcionarios de la Superintendencia de Bancos (SBP), para crear un clima de tranquilidad mediante mensajes de que resulta un hecho aislado y no guarda relación con el resto del sistema.
Analistas coinciden en que el ente regulador trata en vano de tomar distancia de los múltiples procesos contra funcionarios corruptos, entre los que fueron mencionados al menos unos 14 bancos del país, a través de los cuales se hicieron los movimientos de los centenares de millones de dólares de las acciones ilegales.
Sin embargo, fuentes periodísticas y economistas consideran que la demora en la acción de la Superintendencia permitió sucios manejos del Universal con el capital de los ahorristas, que comenzaron a retirar sus fondos mientras que la entidad se descapitalizaba, según un análisis del diario La Prensa publicado este martes.
En mensajes contradictorios, la propia SBP, en la resolución de la toma de control del Banco Universal, reconoce que a pesar de señalamientos a la entidad desde hace dos años, la acción se precipitó por la violación a la orden de congelamiento de cuentas emitida por la Fiscalía.
La entidad financiera está en manos de la familia del expresidente Felipe Virzi, detenido por presuntos delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.
SBP reconoce que el Universal permitió que se moviera la suma de 323 mil 567 dólares de la cuenta aprehendida para otra «a nombre de una parte relacionada con el Banco y además, miembro de su Junta Directiva».
Los accionistas principales pertenecen a la familia de Felipe Virzi, a quien ordenaron cautelar 40 cuentas bancarias porque intentan precisar por qué recibió poco más de 10 millones de dólares de una empresa, después de que esta se le adjudicara un fallido sistema de riego valorado en 155 millones de dólares.
Por orden de la fiscal Zuleyka Moore, además de Virzi, hay otras tres personas detenidas: el exministro de Desarrollo Agropecuario Oscar Osorio y los empresarios Juan Antonio Hurtado y Marco Albán Crespo, presidente y gerente, respectivamente, de Hidalgo & Hidalgo, la entidad contratista.
