El 22 de este mes, cuando se reúna el órgano superior del Consejo Económico y social (CIES) para discutir la metodología que guiará la discusión final del Pacto Eléctrico, comenzará a cumplirse los plazos fatales para que en 60 día adicionales materialice la reforma del subsector eléctrico, la más importante de cuantas les han sido reservadas a las administraciones públicas del Partido de la Liberación Dominicana.
Ampliado el plazo hasta agosto venidero (un mes más de lo previsto por Decreto del Poder Ejecutivo) para que se produzca una decisión referida a la reforma eléctrica, preferiblemente por consenso de los sectores públicos y privado, ha sido el presidente del CIES, monseñor Agripino Núñez Collado quien advirtió que de no obtenerse el consenso, la reforma se hará de todas formas.
(Segundo de una serie de trabajos para dejar constancia de importantes reformas materializadas por los gobiernos peledeístas, que acreditan al PLD para seguir dirigiendo los destinos nacionales a partir del 2016).
Ya los ministerios de la Presidencia y de Energía y Minas y la CDEEE, a los que se ha agregado la UASD, coincidieron en plantear ante el Pacto Eléctrico reformar el actual modelo de empresas eléctricas del Estado para constituir una sola unidad corporativa y con un solo consejo de administración.
Igualmente estas entidades que representan a todo el sector público plantearán al sector privado la conveniencia de que el ministerio de Energía y Minas sea ratificado, porque así lo dispone la Ley que lo crea, para que sus dependencias la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía sean responsables de estructurar un “plan de expansión de mínimo costo” obligatorio para todos los participantes en la industria eléctrica y una “mesa de combustibles” que contrate en conjunto todos los carburantes que se importen.
Un grupo técnico de alta calificación a cargo de la Corporación Estatal de Empresas Eléctricas del Estado trabaja a toda marcha para entregar en tiempo hábil el “plan de expansión de mínimo costo” que regirá todas la acciones de inversión en el subsector eléctrico.
El Consejo de Administración del nuevo ente eléctrico que se cree “establecerá las directrices estratégicas y ejercerá el debido seguimiento y control, asegurando que las empresas eléctricas públicas operen bajo estándares de buen gobierno corporativo, generen sinergias tecnológicas y de gestión, y contribuyan al logro de resultados y metas cónsonas con un sector eléctrico confiable, eficiente, transparente y financiera y ambientalmente sostenible”, según propuso el ministerio de la Presidencia.
Lo que procura es recuperar la integración vertical de la empresa eléctrica, la nunca debió fragmentarse alrededor de la generación, transmisión y distribución. Tal decisión se reputa como un fallo de origen del proceso de de capitalización del 1998.
Consolidadas todas ls empresas que hoy existen en el subsector eléctrico en un ente único que operará como una empresa mixta (privada y pública) con los aportes accionarios que hoy tienen ambos sectores. En esta circunstanca, el sector público tendría la mayoría accionaria pero la nueva Ley que cree la empresa única se cuidará de reservar una representación importante del sector privdo en su consejo de administración.
La privatización en 1998 de la entonces llamada Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), monopolio estatal que generaba, transmitía, distribuía y comercializaba la enegía eléctrica fue reconvertida en varias empresas y se incorporó al sector privado con no más del 50% accionario, aunque limitado a los sectores generador y distribuidor-comercializador.
En adición se crearon las empresas de Transmisión y de Hidroeléctricas, que todavía se preservan como estatales. Más luego, el Estado readquirió la porción accionaria privada de las tres empresas de distribución Edeste, Edesur y Edenorte. Hoy sólo se conservan como mixtas las empresas Ege Itabo y Ege Haina. En la primera, Ege-Itabo el sector privado conserva el 50%, mientras que en la segunda, Ege Haina, se ha reducido la participación privada a menos de un 35%.
Gracias a la “capitalización” al subsector eléctrico han venido a parar más de US$2,000 millones en inversiones del sector privado, que incluyen una planta regasificadora de gas natural y centrales generadoras alimentadas con este carburante, puerto carbonero y una eficiente operación de plantas térmicas a carbón que la CDE nunca pudo operar.
Por efecto de esas inversiones se ha más que duplicado la capacidad de generación del país, todavía insuficiente para suplir toda la demanda, pero donde también se puso de manifiesto la explotación de oportuniddes de negocios del sector privado sin direccionar esas inversiones por el ente regulador, de manera que fueran a parar donde mas se las necesitaba.
En lo que respecta al Estado, las inversiones de 1998 hasta acá no son menos importantes, pues se han construido varios proyectos hidroeléctricos y casi completado el anillo de transmisión reclamado por el subsector, con líneas que van desde los 345 kva hasta los 168 kva que han modernizado y hecho eficiente, en gran medida, la capacidad de transporte de electricidad.
En la presente administración del presidente Danilo Medina el Estado se ha propuesto incursionar en grande en la nueva generación, financiando US$2,000 millones en la central térmica carbón de Punta Catalina de 760 megavatios, con lo que impactará hacia la baja el costo de la energía a partir del 2017.
Calificada de “agridulce” la experiencia de la capitalización, sin embargo, ha echado las bases para una amplia reforma de todo el subsector eléctrico y para la actualización de la vigente Ley General de Electricidad.
De forma inesperada y aunque lo hizo en términos personales, ha sido Eduardo Quincoces, superintendente de Electricidad del gobierno, el que se ha puesto del lado del reclamo del sector privado de que se privatice todo el subsector eléctrico, dejando fuera a sólo las empresas Transmisión y la Hidroeléctrica.
Con esta postura, el funcionario público no sólo contradijo la posición oficial anunciada por los ministerio de la Presidencia y de Energía y Minas, además de la CDEEE y la UASD, sino que también coincidió con la petición hecha en el CIES que discute el Pacto Eléctrico por la Asociación Dominicna de la Industria Eléctrica (ADIE).
Consultado expertos eléctricos que participan en las reuniones del CIES, éstos dijeron que la expresión de Quincoces es la “última expresión de resistencia de lo que, seegún han dicho los representantes del sector público autorizados, es la decisión tomada de verticalizar el servicio eléctrico mediante una sola empresa que represente los intereses de los sectores público y privado”.
