San Juan, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Puerto Rico, la otrora vitrina de Estados Unidos en el Caribe, transita hoy su momento económico más aciago, a punto de incumplir con las obligaciones de su deuda de 73 mil millones de dólares.
La situación hizo crisis ante la aceptación por primera vez del gobernador Alejandro García Padilla de que se asoma el impago del adeudo público, incluido el de las corporaciones estatales.
En medio de la incertidumbre, el mandatario se enfrenta a la realidad de que la Casa Blanca descartó el rescate financiero de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes que desde 1952 es un Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos, que la invadió en 1898.
García Padilla, quien tiene las manos atadas en muchos aspectos debido a la dominación colonial que ejerce Estados Unidos, ha visto fracasar cada una de sus gestiones para acogerse a algún mecanismo para sortear la situación con los acreedores.
Incluso, una ley sancionada por la Asamblea Legislativa puertorriqueña para que el ELA pudiera declararse en bancarrota fue anulada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan bajo el argumento de que se trata de un campo ocupado por legislación federal.
Esto, a pesar de que a esta nación caribeña se le ha impedido buscar la protección de la ley federal de Quiebras, que está reservada para las ciudades de los 50 estados norteamericanos.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo hoy en una sesión con los periodistas que «seguimos comprometidos en trabajar con Puerto Rico mientras se enfrenta a serios retos financieros».
El gobernador García Padilla, tras reconocer al diario The New York Times lo que en el país se negaba a aceptar de que la deuda pública es «impagable», ha solicitado a los acreedores de Puerto Rico negociar su reestructuración, incluidos los bonos de obligaciones generales, denominados GOs, cuyo pago garantiza la constitución del ELA.
La estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzó a renegociar con sus acreedores su deuda de nueve mil millones de dólares, como parte de un plan de reorganización que podría conllevar la privatización parcial, tal como impulsa el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia.
Como parte del escenario que vive el país, el ministro de la Gobernación, Víctor Suárez, y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, discuten con el gabinete, los distintos alcaldes y la economista Anne Krueger, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2001 a 2006.
En el cónclave también participan legisladores y sindicalistas con el propósito de vislumbrar posibles salidas a la crisis, que puede conducir a Puerto Rico a una profundización de la pobreza real, que ronda el 60 por ciento de la población.
En un informe elaborado por Krueger se sugiere un plan de ajuste fiscal por un período de diez años, que incluiría mayores alzas de impuestos, recortes de hasta dos mil millones en el gasto público y renegociar la deuda.
Durante el último año las casas crediticias estadounidenses han degradado los bonos de Puerto Rico a nivel de chatarra y hoy, tras conocerse el anuncio del gobernador, las acciones de la banca puertorriqueña cayeron hasta 10 por ciento en el mercado de Wall Street.
