La República Dominicana está viviendo un proceso en el orden migratorio como nunca en su historia. Por vez primera los dominicanos hemos unificado criterio donde la soberanía es la prioridad.
Los extranjeros en nuestro territorio, por ley están obligados a definir su estatus cumpliendo un reglamento que si bien ha sido controversial, no es menos cierto que permitirá regular el tránsito y permanencia de quienes carecen de las condiciones para definirse como ciudadanos dominicanos.
Entre los inmigrantes de diferentes nacionalidades tenemos en una gran proporción a los haitianos, quienes comparten con nosotros la isla.
Una frontera altamente vulnerable divide los territorios, con la debilidad institucional que ha caracterizado durante mucho tiempo las relaciones entre ambas naciones. No obstante, desde República Dominicana se les brinda protección y colaboración a los vecinos, en todos los sentidos.
Un porcentaje importante del presupuesto del país, es utilizado por nuestras autoridades para diversas atenciones y asistencia a los nacionales de Haití que de alguna manera permanecen aquí, o vienen de forma ocasional.
Las universidades son centros de educación para un número significativo, que rondan los 12,000 haitianos en la actualidad. Sin embargo, en lo que respecta a la salud, es donde somos más afectados.
Se habla de las atenciones a las parturientas y a los enfermos en los hospitales dominicanos. Empero, nunca sobre la carga para el Estado dominicano que representan las víctimas haitianas en la movilidad a través de la red viaria nacional.
Determinar también este componente sería interesante partiendo del hecho de que solo en el año 2014 resultaron afectados 512 extranjeros, según registros oficiales, donde el 75% fueron haitianos.
Para nadie es un secreto que este último segmento poblacional ocupa nuestras calles y avenidas sin régimen alguno, pero al ocurrir un percance los servicios hospitalarios y de rescate están disponibles como para cualquier dominicano.
El paso ilegal de vehículos a través de la frontera en ambas direcciones constituye un factor de alto riesgo, no solo para la seguridad territorial, sino también para la seguridad vial, ya que la circulación involucra irresponsabilidad ante cualquier incidente, que por lo general no trasciende.
Un control fronterizo más efectivo se espera desde ahora con la implementación de la nueva ley migratoria, no solo por el trasiego de todo tipo de mercancías; también en el tráfico de humanos, que ha sido una práctica permisible hasta cierto punto, violando las más elementales normativas de la Ley de Tránsito 241, sin que se conozcan sanciones por tal infracción en estos casos.
