Por considerar que no existen razones para una acción en su contra, el Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la defensa de la JCE, de los magistrados Rosario Graciano de los Santos, César Feliz Feliz, del Presidente Roberto Rosario Márquez y de los Oficiales Civiles, frente a una demanda presentada en la Procuraduría General de la República por una asociación denominada “Red Jacques Viau” y por unas 23 personas representadas por unos 5 abogados.
La instancia en una acción penal y civil que les imputa vulneración de derechos con la Resolución 12-07 y la Circular 017-2007 fue incoada por el mismo grupo de personas y abogados que anteriormente presentaron acciones contra la República Dominicana por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y en otras instancias extraterritoriales.
La Junta Central Electoral señala que ha actuado de conformidad con la Constitución y las leyes y deplora la acción que denuncia fundamentada en pretensiones jurídicamente improcedentes y en hechos inexistentes.
La entidad observa que la iniciativa coincide con una campaña internacional que pretende atribuir a la Republica Dominicana la imputación de racismo, xenofobia y generador de apatridia, “situaciones que no existen en la nación dominicana y que por demás de seguro serán utilizadas por los enemigos de la República para querer dañar la imagen y la estructura económica de nuestro país”.
“Los magistrados acusados y nuestros funcionarios asistirán a todas las instancias y escenarios en que sean colocados y perseguidos, con la frente en alto la satisfacción del cumplimiento del deber y la conciencia tranquila, a sabiendas de que estos son sacrificios que estamos obligados a asumir en defensa del interés del país y la preservación de la identidad nacional”, apunta la JCE.
El Presidente de organismo, Roberto Rosario Márquez ofreció la información en rueda la prensa donde además presentó la documentación de unas 12 personas, de las 23 que aparecen en la demanda, que ya obtuvieron sus respectivas actas de nacimiento y cédula de identidad y electoral, por lo que carecen de razones para demandar por supuesta falta de documentos.
La Junta también informó de una amplia jornada de trabajo para dar salida a 15,830 expedientes de ciudadanos que tienen sus respectivas cédulas de identidad suspendidas o en proceso de cancelación por diversas razones, principalmente suplantaciones y falsedades.
Estas investigaciones deben concluir antes de la fecha del cierre del Padrón Electoral, a fin de no afectar el ejercicio de derechos ciudadanos, principalmente el sufragio, indica la JCE.
En la sesión de este 09 de julio, el Pleno de la Junta Central Electoral también asignó a los Distritos Municipales de reciente creación de la Provincia de San Cristóbal, Doña Ana, Hatillo y Quita Sueño, los números 396, 397 y 398 respectivamente, en cumplimiento de las leyes 339-8-15 y 540-14, remitidas por la Presidencia de la República.
El Pleno de la JCE además otorgó la acreditación correspondiente para oficiar matrimonios religiosos en virtud de la ley 198-11 que los regula y sus efectos, a la iglesia “Somos Adoradores Incorporados”, en el interés de continuar aplicando el art. 45 de la Constitución de la Republica que establece la libertad de conciencia y cultos.
