Las más recientes tragedias en la carretera a Samaná, con 18 muertos y varios heridos en dos accidentes ocurridos en menos de un mes, ha despertado una controversia sobre las causas que algunos atribuyen al diseño de la vía, y otros a las imprudencias de conductores.
Pero el problema no tiene nada de nuevo, lo que ocurre, es que se sigue agravando mientras no se enfrenta el problema en su completa dimensión.
El director de Emergencia y Desastres del Ministerio de Salud, doctor Héctor Quezada, afirma que para el país los accidentes de tránsito representan un gasto en miles de millones de pesos, no tan solo los muertos, sino los discapacitados que se generan, además del impacto social y el costo económico que representa para la familia.
Opina que a la población hay que educarla en cuanto a la forma de conducirse en los vehículos de motor, porque no es posible que la República Dominicana ocupe las primeras posiciones en los registros de accidentes de tránsito en el mundo.
Tras conocerse los resultados de nuestras publicaciones, en el 2012: “Factores de Riegos Predominantes en las Vías Dominicanas” e “Indicadores de Siniestralidad” del 2010 y el 2013, en donde las investigaciones determinaron los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) de la red viaria nacional y los niveles catastróficos de los índices de violencia en el tránsito en el país, considerado entre los peores del mundo; la Fundación iRAP preparó una propuesta de estudio para 1,342 kilómetros de 7 vías importantes, con el objetivo de señalar qué hacer para reducir las siniestralidades y sus secuelas.
El proyecto señalaría el programa de inversión más factible y el tipo de solución vial que, en cada caso, eliminaría los tramos peligrosos.
Este tipo de estudio se denomina Auditoría de Seguridad de Carreteras, la cual tendría una duración de un año con un costo de US$226,000 dólares, aplicando una metodología para especializar ingenieros dominicanos, y equipos de última generación.
En nuestras publicaciones siempre hemos destacado la necesidad de la realización en esta fase de una auditoría de seguridad vial, por lo que nos sentimos estimulados a viajar a México para la elaboración de la propuesta técnica y económica de iRAP, ya que son ellos los que poseen esta tecnología.
El organismo oficial al que se le presentó la oferta comunicó que no tenía disponibilidad de recursos para tales fines.
Del 26 de octubre de 2014 al 31 de abril de 2015, pasaron seis meses y un total de 7,065 víctimas de tránsito, sin contar los generados en los meses subsiguientes del año que transcurre, con 5,331 casos registrados, de los cuales fallecieron al instante 1,058 personas.
En un análisis somero de costo para el Estado dominicano, puede establecerse que los percances producidos significaron un valor no menor de 1,700 millones de dólares, al parecer inadvertido por autoridades que tampoco evidencian real interés por evitarlos.
Si comparamos el costo del estudio con los que en seis meses generaron los siniestros, sólo en términos materiales, la diferencia es enorme. Tendríamos que agregarle el tiempo perdido y las secuelas generadas por la postergación de las decisiones.
La voluntad política es lo que hace falta, pero sin que haya conciencia social esto jamás se producirá. Entre tanto, seguiremos contando muertos y lesionados, acumulando una interminable deuda social en lágrimas y sangre.
