Guatemala, 26 ago (PL) Un juez guatemalteco fijó hoy para el venidero 8 de diciembre la audiencia, donde definirán si la exvicepresidenta Roxana Baldetti enfrentará juicio, y determinó tres meses para que las partes profundicen en la investigación.
El togado Miguel Ángel Gálvez dijo que el 25 de noviembre es el último día que tendrá el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para investigar la presunta participación de Baldetti en la red La Línea, dedicada al desvío de millones de dólares en las aduanas.
La exvicemandataria deberá ingresar en tres días al centro preventivo para mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona norte de esta capital, según lo ordenado en el Tribual B de Mayor Riesgo.
Mario Cano, el abogado de Baldetti, responsabilizó a Gálvez por un eventual asesinato de Baldetti en el penal.
«No me quiero ver con la sorpresa de que no solo fue agredida, sino que perdió la vida» expuso airado Cano, tras oponerse al traslado de su cliente a la cárcel.
El representante del Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración expuso que al juez no lo pueden responsabilizar con una presunta muerte de Baldetti, pues velar por su integridad física le compete al Estado, y en particular al Sistema Penitenciario.
Al respecto, la Cicig exigió al Estado de Guatemala proteger la vida de la sindicada por ser ciudadana guatemalteca y por el cargo que representó hasta el pasado 8 de mayo.
Sobre este tema, Gálvez recalcó que sabe el deterioro de las condiciones de las prisiones en el país centroamericano, pero argumentó que la vida de Baldetti en prisión es un compromiso del Estado.
Agregó que por eso estableció tres días para que Baldetti ingrese en la cárcel para que en ese lapso se cree un espacio adecuado para recluirla.
Gálvez ligó ayer a proceso a la exfuncionaria por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de contrabando aduanero.
Según la Fiscalía, Baldetti lideró estructura de corrupción conocida como La Línea y reguló el ingreso anómalo de mercaderías en Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Aduana Central.
La Corte Suprema de Justicia dio trámite el martes al antejuicio solicitado por el MP y la Cicig en contra de Pérez Molina, y remitió su expediente al Congreso, que deberá designar una comisión pesquisidora para alizar si se levanta la inmunidad al mandatario.
Para eso se necesita el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados del Parlamento (unicameral).
