Guatemala, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El Congreso guatemalteco integró por sorteo la comisión pesquisidora, que próximamente expondrá en sesión plenaria un informe al respecto para determinar si se le retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina.
La comitiva está presidida por el diputado Mario Linares del oficialista Partido Patriota, mientras los demás integrantes son Mario Barrios y Sergio Celis (de Líder), Gloria Sánchez Abascal (PP) y Nineth Montenegro (de Encuentro por Guatemala).
Los cinco parlamentarios analizarán si existen o no indicios para que Pérez Molina sea investigado, según el antejuicio promovido por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, entes que lo señalan por supuesta defraudación aduanera.
Para quitarle la inmunidad al mandatario se necesita el voto favorable de al menos 105, de los 158 asambleístas.
La pesquisa no tiende a determinar la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado, pues su objetivo es establecer la existencia y veracidad de hechos que deban ser conocidos por un juez del ramo penal.
Según la ley, a esa comisión corresponde determinar si la investigación se promovió por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a un determinado funcionario, en este caso el jefe del Ejecutivo.
El órgano Legislativo decidió hace dos semanas mantener la inmunidad del mandatario, tras realizarse una votación sobre el antejuicio solicitado en su contra por su presunta complicidad en dos casos de corrupción.
Un total de 88 diputados votaron a favor y 26 se opusieron a investigarlo por señalamientos de su supuesta implicación en la red de fraude aduanero denominada La Línea y en un contrato anómalo entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la farmacéutica Pisa.
Ese antejuicio fue interpuesto por el secretario general del movimiento político Winaq, Amílcar Pop.
Miles de ciudadanos demandan la dimisión de Pérez Molina, quien perdió el apoyo de la cúpula empresarial, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, mientras casi un veintena de funcionarios de su gabinete renunciaron en los últimos cinco días.
