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La Habana, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Las delegaciones del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo(FARC-EP) firmaron este miércoles en esta capital el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz en esa nación suramericana.

La rúbrica aconteció durante una ceremonia de la Mesa de Conversaciones para la Paz en Colombia y estuvieron presentes el presidente, Raúl Castro, y su par suramericano, Juan Manuel Santos, así como el máximo líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez.

También firmaron el texto los garantes de estos diálogos, Rodolfo Benítez (Cuba) y Dag Nylander (Noruega), y los países acompañantes, representados por Luis Naira de Chile y Roy Chaderton de Venezuela.

De acuerdo con el comunicado conjunto dado a conocer aquí ambas partes ratificaron su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha.

Estos son «Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral», «Participación política: Apertura democrática para construir la paz» y «Solución al Problema de las Drogas Ilícitas».

A la vez, reafirmaron su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera.

De ahí que construya un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por lo que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, puntualiza el texto.

Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.

La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, enfatiza el documento.

El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.

Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad, indicó el comunicado conjunto.

En todo caso- prosigue el acuerdo- no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad y la tortura.

Asimismo, tampoco serán objeto de amnistía el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, y tales hechos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado.

La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal, señala el comunicado.

Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado.

Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales.

Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias, precisa el texto.

Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias, advierte el comunicado conjunto.

Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

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