Opinión

El tablero económico y político que se ha ido formando en América Latina en los últimos 15 años ha provocado que la estabilidad macroeconómica, política y social, que superó a la era de las dictaduras y la crisis económica, haya entrado en una fase de alto riesgo fruto de la vulnerabilidad en que muchos gobernantes han empujado a sus respectivos países mediante la violación permanente de las instituciones, permitir que el Estado sea una fuente de hacer negocio y promover la exclusión y el bajo de nivel de transparencia.

Una mirada fija a la situación actual de América Latina permite identificar que la región tiene como denominador común de que en el pasado reciente ha logrado años de bonanzas, lo cual transita por una contracción en su dinamismo económico, en los cinco años, aunque se ha logrado alcanzar cierto niveles de progresos sociales, pero con la peor desigualdad, problema ambiental sin respuestas, democracias con estabilidad frágil, en tanto, la integración económica es asignatura pendiente y la seguridad ciudadana surge como uno de los principales temas de preocupación, sustituyendo a la pobreza, por lo que se siguen atrapados en el síndrome de la trampa de renta media y la Macroeconomía para construir espacio fiscal, desarrollo y mayor progresividad en el gasto y la tributación, es disfuncional.

Durante la última parte de la década de los 80s, y hasta mediado de los 90s, América Latina transitó por una de las reformas estructurales más consensuadas donde se reconoció la importancia de la institucionalidad y capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico y disminuir la desigualdad social acumulada en la región, mediante la aplicación de políticas económicas responsables y creíbles, cuyo resultados positivos fortalecieron a los sectores económico y al sistema de partidos políticos.

En la práctica tales reformas se expresaron en una especie de revolución institucional, sin embargo, múltiples adversidades han provocado que las expectativas creadas entraran en retroceso, o estancamiento, las cuales han creado decepciones en la población cuyas expresiones tangibles son las debilidades institucionales, tal como la crisis del 2001 en Argentina, el reconocimiento de la expansión de la pobreza, la inestabilidad política provocada por reformas electorales para que algunos presidentes extendieran su período gubernamental, aumentando así la debilidad institucional.

América Latina está requiriendo grandes reformas con énfasis en la deuda social acumulada que supere la pobreza y la desigualdad prevaleciente, sin embargo, en su gran mayoría las reformas que se han producido en los últimos veinte años se limitan a reforma electoral y tributaria, postergando las promesas incumplidas, situación que ha desatado la irritación de la población. Uno de estos casos lo encontramos en la República de Guatemala donde el sistema de partido y la economía han caído en una fase de riesgo muy elevado.

Las evidencias empíricas obligan a detenerse a observar que durante 36 años, en Guatemala se destruyó su economía y el sistema de partido fruto de largos períodos de guerra, conflictos sociales y políticos cuyos resultados fueron la expansión de la pobreza, destrucción de los sectores productivos, falta de institucionalidad y debilidad del sistema político, lo que obligó que para 1996 se firmaran sendos acuerdos de paz que superaran todo este malestar.

A partir de estos acuerdos, se lograron grandes avances en la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica, progreso en el fortalecimiento de sus instituciones, mejora en el acceso a los diferentes mercados extranjeros y formar parte de los diversos acuerdos de integración comercial.

Pero además, Guatemala ha logrado un crecimiento económico relativamente estable durante las últimas décadas y un manejo macroeconómico prudente que le permitió al país un crecimiento del PIB promedio anual del 4.2% durante el período 2004-2007 y de 3,8 para 2007-2009, pero los efectos de la crisis financier.

últimas Noticias
Noticias Relacionadas