Opinión

Las recomendaciones relativas a la seguridad vial emitidas por los organismos especializados, son obviadas en la propuesta legislativa que busca regir el desplazamiento de los ciudadanos en la red viaria.

El Proyecto de Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial evidencia la gran crisis de valores institucionales en que está inmerso el país, caracterizada por el protagonismo, el afán de manejar recursos, y el Poder.

El INTRANT, de aprobarse el Proyecto de Ley que supedita la Seguridad Vial, sería la institución reguladora del desplazamiento terrestre y los medios a utilizarse; forzosamente dirigiría el proceso de frenar primero, disminuir después y, finalmente, evitar los riesgos a los usuarios de las vías mediante la aplicación de políticas eficientes y eficaces.

Será también la que recibirá los recursos, los manejará a su discreción, lo mismo que las decisiones del día a día, y los temas claves del plan estratégico e integral. Administrará los resultados de la gestión y los proyectos; se autoevaluará, se fiscalizará, se supervisará y rendirá cuentas en materia de seguridad vial.

O sea, concentrará los esfuerzos en el trabajo de análisis de institucionalidad: inspección, vigilancia y control de las normativas de seguridad vial y manejo patrimonial de las informaciones.

Colombia era así hasta hace poco tiempo; se dio cuenta y corrigió esos entuertos porque los resultados resultaron contraproducentes.

España se le parece en cierto modo, pese ser un modelo mundial en políticas de seguridad vial.

Sin embargo, empezaron los cuestionamientos, desde que a principio de 2015 se manipularon las informaciones del Observatorio de Datos, según la sociedad española y los partidos políticos, sus principales aliados en la aplicación del plan integral conjuntamente con los medios de comunicación y el sector privado productivo.

Esto ocurre sin importar que existe en ese país un Consejo Europeo, un Consejo Superior de Seguridad Vial, una Comisión Permanente en la Cámara Legislativa, y los partidos políticos de la oposición; ademá, de todas las acciones de la Dirección General de Tránsito y el Ministerio del Interior, instituciones responsables de la seguridad vial en España, vigiladas por la sociedad civil constituida y fortalecida para tales fines.

Los centros especializados y todos los organismos multilaterales coinciden en la recomendación fundamental de que la seguridad vial para avanzar debe estar fundamentada en una adecuada legislación, bajo la responsabilidad de un ÓRGANO RECTOR ÚNICO con autoridad, autonomía y autocracia.

Por considerarse un tema de Estado; por su impacto en todos los ejes de la vida: social, político, económico, cultural y educativo; medioambiental, de salud, jurídico y vialidad; fortalecimiento de las relaciones Estado-Sociedad-Gobiernos Municipales y de las relaciones e intercambios internacionales e interinstitucionales, etc., en la agenda nacional ha de tomarse en cuenta este tema a la hora de pensar en Políticas de Desarrollo Sostenible.

La globalización de la información nos permite una comunicación más fluida con el mundo exterior y conocer por tanto qué se está haciendo en otras latitudes.

Los países más avanzados, los que más han progresado en el tema, dando a conocer las buenas prácticas de políticas públicas nos dicen que un órgano rector de la seguridad vial es lo recomendable. Contrariamente a lo que se pretende instaurar aquí, un sistema manipulable.

Nadie en su sano juicio, conocedor del tema, sugeriría que quien maneje y controle las políticas oficiales de seguridad vial sea juez y parte, como se evidencia en el caso que nos ocupa.

El INTRANT sería el todopoderoso Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, y según la ley propuesta, concentraría todos los organismos con duplicidad de funciones en materia de tránsito y transporte, para librar a tiempo completo una guerra permanente con los sindicatos y otros colectivos interesados, y eso estaría muy bien para comenzar a ordenar la casa.

Mas pienso, que por falta de buena asesoría, la Seguridad Vial quedaría también como dependencia, lo cual se contraviene a toda sugerencia razonable de análisis de gestión. Ya que las ineficiencias de las políticas del INTRANT serán las que generen los factores de riesgos predominantes en las vías.

En cambio, el órgano, cual sea que maneje y coordine la seguridad vial, debiera ocuparse exclusivamente de las políticas oficiales implementadas para proteger, preservar y salvar vidas, salud y bienes de los que se desplazan; fiscalizando las medidas acordadas y coordinadas con el INTRANT, otras instituciones de primer orden y los diversos sectores de la sociedad para garantizar que la seguridad vial sea sostenible, transparente, justa y equitativa, porque finalmente de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida, es de propiciar un “estado de bienestar” en las vías.

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