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La rivalidad entre Estados Unidos y China es una incuestionable realidad que está provocando tendencias contradictorias, pues mientras, por un lado, se profundiza el proceso de globalización, por el otro se avanza poco a poco en la conformación de estructuras globales de gobernanza paralelas.

El reciente mensaje de Barack Obama al Congreso luego de la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) con otros once países, ofrece la clave para el mejor entendimiento de esta nueva realidad, uno de los factores que más influyen en la determinación de la frecuencia cardíaca del planeta. El presidente estadounidense dijo en ese mensaje que “en un momento en que el 95% de nuestros consumidores potenciales viven en el extranjero tenemos que garantizar que somos nosotros quienes estamos escribiendo las reglas de la economía mundial, y no países como China”.

Lo que el presidente estadounidense presenta como una reacción natural a un reto de carácter existencial para la gran potencia del norte de América, ayuda a dibujar el gran desafío que tiene ante sí el gigante asiático, la segunda economía y la principal potencia comercial del planeta, que por las mismas razones se siente con legítimo derecho a participar con equidad en la toma de decisiones.

China, al igual que las demás naciones emergentes, ha reclamado sin resultado la democratización de instancias responsables de la gobernanza mundial y una participación en las mismas más acorde con su peso geopolítico. Siendo el gigante asiático el país que más aportes hace a la financiación del mundo en desarrollo, por ejemplo, el control de las principales instancias del sistema financiero mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se lo reparten Estados Unidos y Europa. Japón, por su parte, ejerce el control del Banco Asiático de Desarrollo desde su creación en 1966 como entidad financiera promotora del desarrollo en la región Asia-Pacífico.

Cuando en el 2008 se acordó dar más relevancia al G-20 para coordinar mejor los esfuerzos con miras a enfrentar la crisis que estalló el año anterior, muchos pensaron que lo que se iniciaba era un proceso de adecuación de las instituciones globales a la reconfiguración del equilibrio de poder producto del mayor peso específico de los países emergentes.

Pero los cambios prácticamente se detuvieron ahí, mostrando el G-20 sus grandes limitaciones, pues su rol se reduce a promover o importantizar algunos temas de la agenda global. La adopción de medidas concretas corresponde a la organización internacional de cada área, donde el poder de decisión muchas veces se concentra a un círculo más reducido de países.

En adición a esto se producen situaciones difíciles de asimilar, como lo ocurrido con las reformas aprobadas por el G-20 en la Cumbre de Seúl, Corea del Sur, de aumentar las cuotas y dar más poder de decisión a los países emergentes en el FMI a expensas de la sobrerrepresentación de Europa Occidental, una pequeña concesión hecha tras años de presión. Esa decisión fue avalada por Directorio Ejecutivo del FMI, pero zozobró en el Congreso de los Estados Unidos, que no le dio su aprobación. Y ahí terminó todo.

Como explicamos en nuestro artículo “Juego de Tronos” (Vanguardia del Pueblo, 30 de agosto, 2015), el Directorio Ejecutivo del FMI ha respondido negativamente a las solicitudes de China de que el yuan sea incluido, junto al dólar, euro, libra y yen en la cesta de divisas de la institución que se utiliza para calcular el valor de los Derechos Especiales de Giro.

Todas estas dificultades han obligado a la nación asiática a reenfocar su accionar en la arena internacional, poniendo más atención a la cooperación en el plano multilateral, con miras a asegurarse un mercado estable para sus exportaciones, el acceso en condiciones favorables a las materias primas esenciales para la sostenibilidad de sus actividades productivas y las alianzas políticas necesarias para mejorar su capacidad de incidir en el curso de las relaciones internacionales.

Como se sabe, China lideró la conformación del grupo BRICS, una alianza de países integrada, además, por Brasil, Rusia, India, y Sudáfrica. En la IV Cumbre celebrada en Brasil el pasado año, estos países decidieron la creación de un Banco de Desarrollo con un capital de 50 mil millones de dólares, cuyo propósito es aportar recursos para el desarrollo mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura a un costo más bajo que el que puede conseguirse en el mercado o en las instituciones financieras internacionales actuales.

En el mismo encuentro se decidió también la conformación de un fondo de estabilización monetaria denominado Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA, por sus siglas en inglés). Ambas entidades se concibieron como estructuras paralelas al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con misiones similares.

Más aún, Beijing ha creado un fondo multimillonario para modernizar los transportes y vías de comunicación (puertos, carreteras, vías férreas, oleoductos, etc.) de las distintas regiones por las que se mueven sus mercancías, un ambicioso proyecto al que se ha denominado como la nueva ruta de la seda, que impulsará la integración de países de tres continentes.

Un componente fundamental de esta estrategia es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), cuya creación fue propuesta por China en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Bali, Indonesia, en el 2013. Esta entidad, que rivaliza con el FMI, el BM y el Banco Asiático de Desarrollo liderado por Japón, cuenta con un capital suscrito de US50,000 millones y un capital autorizado de US100,000.

Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por hacer abortar esta iniciativa, el AIIB cuenta actualmente con 58 países miembros, incluida la inmensa mayoría de las naciones asiáticas y países europeos como Alemania, España, Reino Unido, Austria, Francia e Italia, entre otras.

Como contraparte al ATP impulsado por Estados Unidos, China propuso en la Cumbre de los países del Foro APEC celebrada el año pasado en Beijing la creación de la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico, una idea que fue aprobada conjuntamente con una hoja de ruta para concretizarla.

En su mensaje al Congreso el presidente Barack Obama le ha puesto un sello ideológico al ATP para facilitar su aprobación en el Congreso. Pero es significativo el hecho de que algunas de las naciones que participan en esta Alianza son socios de China en el AIIB y dieron también su aprobación al proyecto de Beijing de creación de la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico. Otros, como Japón, el país asiático con el que Estados Unidos necesitaba redoblar sus nexos comerciales, tiene en China su principal socio económico.

La competencia por pautar las reglas de los intercambios y procurarse socios comerciales y políticos es intensa. Lo que más preocupa en Washington es la flexibilidad con que el “Dragón Rojo” maneja sus proyectos, por lo general con carácter incluyente y significativas ventajas comparativas. Eso los hace irresistibles hasta para los aliados estratégicos de Estados Unidos, que por demás no pueden prescindir de los ventajosos intercambios con la segunda economía más grande del mundo. Es ahí en donde está el principal problema.

No está equivocado el presidente Obama cuando presenta al ATP como un contundente triunfo de su administración. Se trata del acuerdo comercial más grande de toda la historia, que, como dijimos en un trabajo anterior, crea “un sólido bloque capaz de erigirse en fuente de atracción para toda la región, con capacidad, además, para pautar las relaciones económicas y de servir de modelo en materia de normas y estándares mundiales” (ver “La Batalla por Asia, Vanguardia del Pueblo, 24 de noviembre, 2014).

El ATP es, además, un logro político de Estados Unidos, pues representa un avance significativo en la disputa por el liderazgo dentro de la zona de influencia del gigante asiático.

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