Opinión

Las incoherencias prevalecientes en la aplicación de política económica en América Latina se puede considerar como la principal causa de la vulnerabilidad económica, política y social en la cual ha caído la región en las últimas dos décadas, post reformas estructurales de los 90s. Situación ésta que se aprecia en los tipos de cambio, las políticas fi scal y monetaria que se ejecutan, así como la ausencia de una política de industrialización intrarregional, y concentrarse en ser suplidor de materia prima hacia las economías desarrolladas, con objetivos individuales sin plantearse metas regionales integracionistas.

El inicio de la industrialización en América Latina la encontramos desde mediados del siglo XX en países como Brasil, Argentina y México y en algunos países pequeños impulsados por la política de industrialización por sustitución de importaciones, básicamente para bienes de consumo ligeros, cuya fase en la producción de bienes intermedio y de capital se produjo de manera lenta y tardía, lo que explica en una alta proporción el lento desarrollo en que se encuentra la región, y por tanto, el desequilibrio regional existente.

Pero es que América Latina se ha caracterizado en toda su historia por un escaso desarrollo industrial y economías monoproductoras y monoexportadoras, así como insufi ciente nivel de ahorro y de inversión. Con relación a los indicadores sociales, existe un deterioro ancestral cuya expresión máxima son la desnutrición, el analfabetismo, las altas tasas de mortalidad y la baja esperanza de vida generalizada, y en lo económico el más grande desafío permanente que tiene la región es lograr el desarrollo, dejar los niveles de pobreza, reducir la deuda externa y el subdesarrollo que normalmente arrastra. En sentido general se puede afi rmar que el proceso de industrialización en América latina se ha caracterizado por el esfuerzo de dar el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, 1945-1959, pero de 1960-2015 tal situación no se aceleró, fruto de que muchos empresarios latinoamericanos se condujeron más como políticos que como hombres de empresas independientes, al tiempo de que este proceso no fue precedido ni acompañado por una burguesía industrial. En adición, el Estado se ha consolidado como un agente clave en el desarrollo de la industria ya que actúa como árbitro en la distribución de la riqueza mediante políticas sociales y estimulador del desarrollo de una infraestructura adecuada.

El orden económico defi citario y las crisis económicas, generaron tensiones políticas en los diferentes países de la región, los cuales luego de experimentar gobiernos de facto iniciaron en forma gradual, pero sostenida, el tránsito hacia gobiernos democráticos, desde mediados de los 80s, dando apertura plena a las libertades políticas y las reformas económicas estructurales. Es en tal contexto que se ha impulsado una macroeconomía que mitigue la volatilidad, fomente productividad y favorezca la inclusión y que hoy sugiere el establecimiento de pactos sociales necesarios ante un momento de cambios en las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.

América Latina está obligada a dar un giro radical para lograr superar el fl agelo de ser la región más desigual del mundo, aunque con cambios marginales notables en los últimos tiempos para algunos países. En la región el número de personas pobres supera los 200 millones, fruto de tener 167 millones de personas que continúan bajo la línea de pobreza y 37 millones, 6.5%, en extrema pobreza a pesar de una reducción de 58 millones de personas desde 2002, pero con un actor de peso en los movimientos migratorios internacionales, donde la riqueza generada solo representa el 4% en relación al mundo, razón por la cual las remesas se han convertido en una fuente relevante de recursos, tal como es el caso de que en el 2011, los países de la región recibieron un total de 61,013 millones de dólares en remesas, superior a los US$56 mil millones recibidos en el 2005 y la respetable suma de US$65,825 millones al primer semestre del 2015, que aparece.

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