Opinión

Hace algún tiempo leí un libro de Ken Blanchard que cambió muchas cosas en mi forma de ver el mundo. Sí, Me encontraba sin saberlo en el montón de gente que muchas veces emprende un trabajo o una tarea en particular sencilla y obligadamente como un deber sobre el que hay que rendir cuentas.

Así, cumplía la mayoría de las veces las metas trazadas y al mismo tiempo sentía, por decirlo de algún modo, como un cierto vacío de perspectivas, una rara decepción enraizada en la débil comprensión de la trascendencia de lo que hacía. Con Ken Blanchard y muchos otros autores de su valía, comencé a comprender que la verdadera fuente de satisfacción al hacer algo reside inequívocamente en la comprensión de su importancia, es decir, en aclararnos a conciencia cómo ayudamos a los demás con lo que hacemos. En este sentido, todas las tareas o funciones de la vida son importantes, desde la que diariamente ejecuta la muchacha de la cafetería despachando alimentos y jugos, hasta las de carácter complejo y de alcance nacional que están en manos del Presidente de la República.

Se trata, pues, de que todos debemos hacer una reflexión inicial y profunda de la relevancia de los compromisos asumidos en función no solo del interés personal, sino también de las personas, de la sociedad toda y su futuro.

Es entonces cuando comenzamos a mirar la importancia del trabajo con la mayor claridad. Tomamos plena conciencia del punto de llegada (metas) y de las contribuciones reales de lo que hacemos en el gran contexto de las cosas. Es preciso que el esfuerzo comience a girar no en torno a una meta simplemente trazada, sino entendida y compartida. El ámbito macro, es quizás la manera más importante de garantizar que las iniciativas públicas gocen siempre de un apoyo compartido en el que subyace una conciencia compartida. Esta conciencia compartida es la poderosa fuerza capaz de convertir el trabajo o el compromiso en algo más importante que importante.

De una Declaración a Conciencia Compartida

La reflexión anterior comenzó en una reunión de trabajo del Ministerio de Energía y Minas en la mañana del día 5 de los corrientes. En ella nos presentaron los contenidos esenciales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, conocida por sus siglas en inglés “EITI” (Extractive Industries Transparency Initiative). Se abordó la magnitud de los requisitos para la adherencia, etapas de implementación, cronogramas y responsabilidades públicas y privadas.

Al final de la enjundiosa y completa intervención de la directora de relaciones internacionales del Ministerio, el ministro, doctor Antonio Isa Conde, hizo un planteamiento repentino, inesperado, que corre paralelo con el razonamiento expuesto más arriba: “Más importante que la mecánica burocrática y de cumplimiento de los requisitos formales, me preocupa-decía con espíritu enérgico pero pausado- el entendimiento de la importancia y trascendencia del compromiso que vamos a asumir: que se entienda primero entre nosotros esa importancia y relevancia a cabalidad y luego llevemos el mensaje claro a los grupos de interés que están llamados a participar y a contribuir a mejorar las cosas en aspectos tan importantes de la vida moderna como son la transparencia y la rendición de cuentas”. Dicho en el estilo de Blanchard (parafraseándolo, no textualmente): “Vamos a mover las semillas de un lado a otro, como hacen las ardillas, no por el simple hecho de moverlas, sino porque estamos convencidos de que está fuera de todas dudas la importancia decisiva de hacerlo.

Algo sobre la pertinencia de la adhesión

En mayo de 2012 el Gobierno dominicano declaró formalmente su intención de adherirse a la EITI. No creemos que la Administración Medina lo hiciera por ponerse en la moda junto a otros cuarenta y ocho países actualmente miembros formales de la Iniciativa. En todo caso, si la moda tiene de corazón la transparencia y la rendición de cuentas, mediante el cumplimiento de un Estándar riguroso (Estándar EITI 2013), de entrada, vale la pena escudriñar sobre las ventajas.

Como es conocido, muchos países viven de sus industrias extractivas y otros más, como el nuestro y ahora bajo criterios de sostenibilidad, se proponen incrementar la contribución de los recursos naturales al desarrollo. En el caso particular de las naciones que se han adherido a la Iniciativa, los ingresos provenientes de estas industrias (petróleo, gas y minería) representan más del 20% de los ingresos totales del gobierno, esto es, son un componente fundamental de las finanzas públicas. Algunos países simplemente explican casi todas sus recaudaciones por las industrias extractivas, superando en muchos casos más del 80% (ver gráfico). Actualmente, los informes EITI cubren más de 1.5 billones de dólares estadounidenses en ingresos del gobierno. La cobertura temática de los temas incluidos en los informes se sigue ampliando considerablemente, ya que van más allá de la transparencia en los ingresos. En efecto, como señala el Jefe del Secretariado internacional del EITI, Jonas Moberg, tales informes ahora incluyen “detalles sobre otorgamiento y adjudicación de licencias, producción y exportaciones…publicaciones sobre ventas de petróleo, pagos sociales y más detalles sobre asignación y transferencias de presupuestos”. Al decir de Moberg, los Informes EITI “se han vuelto más integrales, dinámicos e influyentes”. ¿Qué grupo de interés de relevancia nacional no querría disponer de tan importante y diversa información sobre un sector de tanta importancia para el desarrollo de los países emergentes?

Opacidad y desconfianza

Como correctamente señalaba un colega en la reunión mencionada, “persiste un alto grado de opacidad” en torno al grado de objetividad y veracidad de los informes sobre ingresos que presentan las empresas del sector de las industrias extractivas (en el caso nuestro, la minería fundamentalmente). Por otro lado, dado este hecho, que se amplifica si tomamos en consideración los desastres ambientales ocasionados en todo el mundo por las industrias extractivas, especialmente en lo que respecta a la minería y petróleo, la gente evidencia un alto grado de desconfianza en relación a las declaraciones oficiales o privadas sobre los ingresos reales que ingresan a las arcas públicas. Esta desconfianza se acrecienta en la medida en que se sabe poco sobre los destinos o los mecanismos de redistribución (asignación) de esos ingresos y los grados de efectividad de los impactos en el desarrollo. Por tanto, hace falta una mayor transparencia “respecto a los pagos que las empresas efectúan a los gobiernos, y de los ingresos que los gobiernos reciben de ellas”, nos dice el Manual EITI.

Proceso participativo triangular

La EITI se enfoca en la conciliación de los pagos de las empresas y los ingresos de los gobiernos, y en la presentación de dicha información a la ciudadanía “con el objetivo de identificar posibles discrepancias entre los pagos e ingresos, e investigar y atacar las causas subyacentes”, se puede leer en los documentos oficiales. El proceso de EITI está bajo la responsabilidad de los servicios de un administrador independiente y se conduce bajo la supervisión de un comité ejecutivo con participación de múltiples partes interesadas.

Con la Iniciativa se pretende revelar las dimensiones reales de la relación gobierno-industrias extractivas en materia de percepción de ingresos y otros tópicos relacionados, con el respaldo voluntario de partes interesadas, como son, además, del gobierno como implementador y principal apoyo nacional, las organizaciones reconocidas de la sociedad civil y las propias empresas del sector. Los gobiernos de países avanzados respaldan en términos técnicos y financieros la Iniciativa, directamente, o través del llamado Fondo de Donantes Múltiples del EITI, actualmente administrado por el Banco Mundial. También las empresas a menudo hacen contribuciones directas para financiar los costos de funcionamiento y de implementación de la EITI.

En cuanto a la “sociedad civil” cabe puntualizar, de acuerdo con los documentos consultados, que es parte muy importante en todas las etapas del proceso: desde la declaración de intención y aceptación del compromiso hasta la revisión y apoyo a la implementación desde sus inicios. En este punto es necesario destacar que es al gobierno a quien se le asigna la responsabilidad de garantizar que la sociedad civil participe. Como señala el Banco Mundial “…la naturaleza diversa y heterogénea de la sociedad civil, junto con su característica esencial de ser frecuentemente apolítica, haría difícil establecer responsabilidades directamente en la sociedad civil. Sin embargo, la sociedad civil debe estar significativamente comprometida en todo el proceso de la EITI; la forma en de hacerlo es su decisión”.

En nuestro caso, debe tenerse cuidado con la elección de las entidades de la sociedad civil, asegurando que sean efectivamente reconocidas por su contribución al desarrollo de proceso democrático, no fantasmas movidos subrepticiamente por conveniencias políticas particulares.

Importante, vale la pena

La Iniciativa tiene entre sus bondades mejorar la transparencia en las prácticas presupuestarias públicas y, al mismo tiempo que deviene en un espacio en el que los ciudadanos pueden exigir a sus gobernantes la rendición de cuentas acerca del uso de formidables cantidades de ingresos. Además, los resultados positivos incluyen una mayor confianza y más atención a la gestión del sector público.

En cuanto al impacto social, como señala el Banco, hasta el momento “…se puede discernir poco…” debido “…al relativamente corto tiempo de existencia de la EITI y también a la falta de vínculos entre la iniciativa y mayores procesos de reforma del sector público y de las instituciones. El impacto limitado sobre el cambio social es también función del estrecho enfoque de las actividades de la EITI. Si las normas de la EITI, con las cuales los países logran el cumplimiento estuvieran más en consonancia con sus principios fundamentales y si tuvieran un mayor enfoque en las alianzas estratégicas más allá de la transparencia en la recolección de impuestos e ingresos del sector, sería más probable que la EITI lograra sus objetivos sociales”.

La parte “del estrecho enfoque de las actividades de la EITI” es fundamental y nos remite al primer párrafo de este artículo: mal podría aprovecharse la misma con una limitada comprensión de su importancia o ningún enfoque público o sin proponerse ex ante que las normas EITI terminen revelando ataduras firmes con los principios de la administración pública.

Además de las ventajas señaladas, la alianza tripartita (gobierno-empresas-sociedad civil) pone en evidencia un sector gobierno más abierto y transparente que facilita el diálogo y las decisiones sobre aspectos relevantes de la funcionalidad de las industrias extractivas. El proceso mejora también la calidad y cantidad de información, validada, como se tiene previsto, por un conciliador externo, y permite la consolidación de funciones más claras en torno a la gestión responsable de ingentes recursos estratégicos. También, la misma alianza con los sectores mencionados, sienta las bases para la gestión de esos recursos estratégicos en el marco de una red internacional de gran prestigio.

Por su parte, la sociedad civil legitima su habitual posición como inquisidora (constructiva) de asuntos públicos y privados de importancia para el desarrollo. Su rol se manifiesta también como propositivo. Tal es el caso de su propuesta de articular acciones a fin de incorporar un estándar socio-ambiental obligatorio dentro del EITI, asunto que es de interés prioritario para la sociedad dominicana. Este tema seguramente será discutido en la IV Conferencia Mundial de Lima, en febrero de 2016.

Finalmente, la Iniciativa crea las condiciones para que el sector privado documente sus considerables contribuciones financieras, proceso éste que puede servirle para reflexionar sobre políticas de mediano y largo plazo y ajustes estratégicos que al final pueden resultar convenientes para la sociedad.

Comunicar la importancia

En nuestra reunión de trabajo salió a relucir el tema de la importancia de las comunicaciones. El planteamiento de aceptación de un asunto importante sin que preceda “conciencia compartida” y que, además, no se comunique, equivale al reconocimiento inconsciente de que no vale la pena. Y esta comunicación, como bien se señalara en el encuentro, no significa la simple difusión de información, sino también y de manera decidida la interiorización de la relevancia del asunto por los involucrados, además de la participación en el diálogo y desarrollo de actividades de educación sobre el proceso EITI, aspectos que deben considerarse-y al efecto se consideran-a todo lo largo del proceso de implementación.

El Ministerio de Energía y Minas asume la responsabilidad de conocer y finalmente asumir la EITI, no para hacer ruidos innecesarios de los que todos estamos cansados-y muchos avergonzados-, sino para, a través de ella, seguir fortaleciendo la institucionalidad pública y hacer contribuciones tangibles al desarrollo nacional en un ámbito tan sensible e importante como lo es el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos naturales no renovables.

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