Opinión

Hasta dos décadas atrás «las fuerzas vivas» (que así se les llamaba a grupos económicos de modo de producción muy atrasados) determinaban y conducían el Estado y sus instituciones.

Los partidos buscaban la aprobación de esas «fuerzas vivas» porque de no tenerla no ganaban elecciones o no podían gobernar. Los tribunales se integraban con jueces que escogían los senadores; los jueces penales para los legisladores decidir a quién dejar preso o a quién poner en libertad. Los jueces civiles a solicitud de esas «fuerzas vivas» para condenar a sus deudores o protegerse ante las demandas incoadas su contra.

Todo el sistema judicial ha cambiado. Leonel Fernández para las elecciones de 1996 llegó a decir que los tribunales del país debían de superar el guardar sus expedientes en cajas de cartón de «Malta Morena», para modernizarse.

Efectivamente, todo el sistema cambió y el Estado manejado por el poder político decide una parte importante del Poder Judicial al darle competencia al Consejo de la Magistratura (integrado por el Presidente, Legisladores, Jueces y el Procurador) para elegir los jueces de las altas cortes y a la Suprema Corte para los tribunales ordinarios y sujetos a la ley de carrera judicial, al igual que el ministerio público a la ley de carrera.

Todo el sistema de transparencia, control y rendición de cuentas, está bajo instituciones con autonomía, como la Cámara de Cuentas o el mismo Congreso Nacional. Los legisladores son parte importante del sistema de partidos.

Como se sabe, sobre el sistema de partidos políticos descansa el régimen democrático. Así ha sido para todos los países, porque se presumía que los partidos serian expresiones ideológicas de todos los sectores y fuerzas sociales, pero creyendo que en los procesos electorales predominarían las organizaciones políticas conservadoras por ser parte del sistema.

El proceso político e histórico llevó a los países a asumir el régimen democrático, pero este régimen requiere de procesos electorales transparente, tal y como se ha ido imponiendo. Y efectivamente, ahí es cuando se les presenta a las fuerzas y expresiones progresistas facilidades para el acceso al poder, por lo que van ganando con frecuencia unas elecciones y perdiendo otras (todo sujeto a factores económicos y a las habilidades y capacidades de sus líderes).

El acceso al poder de organizaciones progresistas ha obligado a los conservadores a llevar el debate político a los medios de comunicación (porque ellos son los propietarios) y a judicializarlos, por lo que aquí y en muchos países buscan jueces y formas de controlar de nuevo los tribunales.

Por demás, han realizado los mayores esfuerzos para debilitar a los partidos políticos progresistas, enfrentando sus principales dirigentes. También personalizan aquello del relevo para enfrentar los más jóvenes con los envejecientes, para sacar del poder a los partidos progresistas cuya continuidad en el poder no se lo daría, necesariamente el relevo, sino su capacidad de renovar constantemente los cambios en la sociedad.

A todo esto, el debate político se ha trasladado a la población sobre la cual se produce a diario una descarga mediática de radio, TV y Redes sociales, para lo cual debemos estar preparados, no sólo con estructura organizacional, sino también con el uso moderno de la tecnología y ciencia de la comunicación.

Mientras haya capitalismo, habrán partidos políticos sustentando la democracia.

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