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Madrid, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El Tribunal Constitucional aceptó a trámite un recurso del gobierno español contra una resolución independentista del parlamento de Cataluña, con lo cual queda sin efecto el documento aprobado el pasado lunes.

La propuesta del gobierno, con el aval del Consejo de Estado, fue presentada en la mañana con el propósito de impedir el proceso de creación de una República Catalana que recibió luz verde del parlamento regional con 72 votos a favor y 63 en contra.

La suspensión de la resolución y todos sus efectos, adoptada por unanimidad, se establece por un plazo de cinco meses, período con que cuenta el Tribunal Constitucional para dar su dictamen final.

El gobierno pidió al tribunal comunicar personalmente la decisión al presidente en funciones de Cataluña, Artur Mas, la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, y funcionarios catalanes, en total 21 personas.

En caso de no acatar la disposición del Tribunal Constitucional, como han adelantado Mas, Forcadell y el resto de las autoridades podrán ser acusados del delito de desobediencia y suspendidos de sus cargos, según una reciente reforma legal.

El recurso presentado por la Abogacía del Estado considera que la resolución del parlamento catalán debe ser interpretada como un conjunto sistemático ordenado a la secesión de España por medios inconstitucionales y no democráticos.

El Tribunal Constitucional otorgó un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones contra su decisión de admisión a trámite y suspender la resolución secesionista.

La posición del gobierno central es apoyada por el Partido Socialista Obrero Español y el emergente Ciudadanos, entre otras formaciones de la derecha y la centroderecha.

Sin embargo, los partidos Izquierda Unida y Podemos (centroizquierda) criticaron a Rajoy por llevar el tema al Tribunal Constitucional y, aunque se oponen a la declaración unilateral de independencia, defienden el derecho a la autodeterminación.

Además de respaldar la respuesta de realizar un referendo, las dos organizaciones abogan por una reforma Constitucional para establecer un Estado federal, en el cual se amplíen las prerrogativas de las distintas regiones del país.

El documento impugnado hoy prevé comenzar la aprobación de leyes vinculadas a lo que han denominado la desconexión de España de ese territorio del noreste del país de 32 mil 114 kilómetros cuadrados y poco más de 7,5 millones de habitantes.

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