Bogotá, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Unos siete millones 500 mil colombianos, el 15 por ciento de la población, han sido víctimas de la violencia asociada a la guerra interna, la mayoría de ellos blanco del desplazamiento forzado, reseñó hoy el diario El País.
Los homicidios, masacres colectivas, agresiones sexuales y las desapariciones son otros de los flagelos ligados a la larga confrontación bélica, más acentuada en las zonas rurales.
Según estudios recientes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación unos 300 mil ciudadanos fallecieron a consecuencia del conflicto, prolongado durante más de medio siglo, en tanto la cifra de migrantes supera los seis millones, muchos de ellos refugiados ahora en naciones vecinas como Venezuela, Ecuador, Brasil o en esta capital.
A pesar de su escalofriante magnitud estas estadísticas no dan cuenta plena de lo que realmente pasó, en la medida en que parte de la dinámica y del legado de la guerra es el anonimato, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a todas sus víctimas, comenta el rotativo.
Además -añade la publicación- los testimonios de los perjudicados ilustran una conflagración profundamente degradada, caracterizada por un aterrador despliegue de sevicia por parte de ciertos actores sobre la inerme población civil.
La víspera representantes gubernamentales y de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron un acuerdo para resarcir a los afectados por la contienda, única en el continente.
Tal tratado incluye la creación de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, en virtud de la cual funcionarán salas y tribunales autónomos encargados de investigar, juzgar y sancionar a responsables de la confrontación, con la premisa de que no habrá impunidad para crímenes de lesa humanidad, pero sí beneficios como indultos o amnistías en casos de delitos políticos y conexos.
El esclarecimiento de la verdad es otro de los pilares del sistema integral convenido el cual pretende igualmente reparar a las víctimas por los daños sufridos y ofrecerles garantías de no repetición, de nunca más.
Tal consenso prevé asimismo un protocolo encaminado a la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de la guerra así como la entrega de los restos de fallecidos, en manos de uno y otro bando, labores en las que colaborarán e intercambiarán información las Fuerzas Militares y las FARC-EP.
