Opinión

Se observa a la Administración Pública como un eje transversal en todos los asuntos inherentes al Estado. Por la gran importancia que posee, siempre ha despertado un gran interés en las esferas económicas y políticas de la sociedad.

Eso es correcto. Fundamentalmente desde el litoral político, al punto que suele afirmarse que entre ella y la política siempre ha existido una relación recíproca, difícil de romper.

La política, tanto en su accionar (praxis) como en su pensamiento (teoría) siempre ha sido determinante en la Administración Pública. De la inmadurez o desarrollo de la primera (clase política) se retroalimenta la segunda (administración pública). Y si la segunda es vista como un puro desorden o nido de corruptela infernal; entonces significa que los actores primarios, secundarios terciarios de la primera no son más que manejadores pésimos, cuadros políticos quienes con mucha torpeza conducen un tren en medio de un Estado en vía de crecimiento.

Con razón se afirma que si la ciudadanía desea saber de qué manera un gobierno administra los recursos del Estado, pues que rápido, sin pérdida de tiempo, le deje caer una mirada a la Administración Pública para así comprobar la situación de desorden o la calidad de organización, de atraso o de avance, que se observa; puesto que ese estado de desorden o de organización, de atraso o de avance, determinará si el gobierno lo está haciendo bien o mal.

A los problemas públicos hay que buscarle soluciones públicas; nada puede hacerse a escondidas. Por tal motivo, le corresponde entonces al Estado, mediante la puesta en práctica de políticas públicas correctas, poner en buen funcionamiento al aparato conocido como Administración Pública para que éste realice su papel de garante eficiente en las fases de solución de los conflictos cotidianos.

De ahí la importancia de que el Estado requiera de una Administración Pública fuerte y capaz, con ánimo y siempre en la búsqueda de mejora en el desempeño del servidor público.

Si bien es verdad que por largo tiempo nuestro país se mantuvo un tanto rezagado en lo referente a su participación en los escenarios internacionales, no menos cierto es que en las últimas décadas los dominicanos nos hemos comprometido en mantener una Administración Pública a la altura de las exigencias de los tiempos modernos.

Para nadie es un secreto que la sociedad dominicana del siglo XXI se mantiene experimentando cambios en curva ascendente en lo relativo
a las relaciones y acercamiento permanente que siempre han de existir y mantenerse entre la ciudadanía y la Administración Pública.

Los servidores públicos, sin importar su jerarquía, están en la obligación de hacerles frente a las demandas de los ciudadanos, responder a sus necesidades y, a su vez, ofrecer respuestas ágiles y convincentes cuyos resultados sean favorablemente acogidos por todos los usuarios e instituciones civiles y privadas que diariamente requieren de los servicios que está obligada a ofrecerles la Administración Pública.

Lo cierto es que hablar de Función Pública o de Administración Pública significa hablar de políticas públicas justas, alcanzables y efectivas; significa hablar de compromiso público y de moral pública; significa hablar de ética y de transparencia en aras de asegurar una gestión pública, cuya cultura de calidad prevalezca para beneficio de la sociedad; significa rendición de cuentas; significa asumir con mucha responsabilidad, desde la óptica del ciudadano, puntualizando en el funcionario público que a ratos tiende a olvidar, por así decirlo, su rol de vigilante celoso de los bienes del Estado.

Obviamente que nos referimos a ese funcionario que, ante cualquier provocación proveniente del sector corruptor, olvida con facilidad su compromiso de mantener una conducta divorciada de toda pretensión malintencionada que lo conduzca a enamorarse, perdidamente, de lo conocido como corrupción administrativa.

Todas las personas que ocupan cargos públicos tienen irremediablemente que aprender a respetar y a defender los fondos públicos.

El acercamiento a una gobernanza plena obliga a la Administración Pública no sólo a caminar de las manos con la sociedad civil y los gobiernos locales; sino, además, que exige tener gestores o servidores públicos preparados para poder darles respuestas rápidas y determinantes a los miles de usuarios que diariamente acuden a las instituciones gubernamentales en busca del mejoramiento de sus condiciones de vida; servidores capaces de proporcionar elementos positivos para que todos muestren satisfacción en lo referente a sus demandas.

En conclusión, la transformación de la Administración Pública en nuestro país experimenta un avance significativo, digamos que de calidad, a pesar del olvido o del poco interés que por décadas mostraron todos los gobiernos que antecedieron a los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el ejercicio del poder público.

Observando en perspectiva, a la Administración Pública de la República Dominicana le auguran grandes cambios de continuar la tendencia puesta en práctica por el gobierno de colocar en su justa dimensión la valorización de la Función Pública.

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