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Brasilia, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunció hoy la conducción coercitiva del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como un nuevo e indigno capítulo de la escalada golpista que busca desestabilizar al Gobierno.

Sectores de los aparatos policial y judicial del Estado, mancomunados con grupos de comunicación y la oposición de derecha, son el núcleo dirigente de una operación destinada a subvertir el resultado de las urnas, subrayó el presidente nacional de la organización partidista, Rui Falcao.

En una declaración difundida a través del portal digital del PT, señaló que «el festival de investigaciones selectivas, filtraciones ilegales y atropellos de garantías individuales evidencia que la nación está siendo desangrada por la construcción de un régimen de excepción y arbitrio».

El único objetivo de las fuerzas conservadoras que lo comandan es revertir el Gobierno a cualquier costo, manifestó antes de alertar que estos mismos grupos reaccionarios en el pasado recorrían los cuarteles y ahora atraen a los enemigos de la democracia en los tribunales, el Ministerio Público y la Policía Federal.

Falcao afirmó que Lula es hoy el principal objetivo de quienes todavía no aceptan el proceso de transformaciones iniciado en el año 2003, que marcó un cambio de vida y atribuyó un creciente protagonismo a los trabajadores de la ciudad y el campo.

Ante este ataque al sistema democrático y la soberanía popular, los petistas están llamados a defender, al lado de nuestros aliados y en las calles e instituciones, las reglas constitucionales y la inocencia del ex presidente Lula, advirtió en su declaración.

En las primeras horas de esta mañana, el exmandatario fue conducido al aeropuerto de Congonhas, Sao Paulo, por efectivos de la Policía Federal para prestar declaración en el comienzo de la fase 24 de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.

Según fuentes periodísticas diversas, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumplen 44 órdenes judiciales, que se extienden también a las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se localizan inmuebles adjudicados a Lula, quien negó reiteradamente que estos sean de su propiedad.

La investigación, dijeron, busca establecer si Lula recibió ventajas indebidas de empresas acusadas en la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una red de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.

En opinión del diputado federal del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) Francisco Lopes da Silva semejante proceder constituyó una operación innecesaria, golpista y peligrosa que puede tener consecuencias impredecibles, e incluso poner en riesgo la seguridad institucional.

El contexto político real en que estamos viviendo es de avance de las fuerzas reaccionarias, que inconformes con la victoria de la presidenta Dilma Rousseff tratan de forzar un «tercer turno» en la campaña electoral e intentan descalificar a Lula como candidato para 2018, consideró.

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