Panamá, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) El desconcierto crece hoy entre los empleados de 68 empresas panameñas sancionadas extraterritorialmente por Estados Unidos, tras los primeros despidos por el estrangulamiento financiero de esas entidades incluidas en la Lista Clinton de lavado de activos.
El Grupo Waked International S.A. (Wisa)-La Riviera, que aparece entre los señalados, despidió hasta el momento a 149 trabajadores que tenían menos de dos años de contratados, informó a periodistas el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Luis Ernesto Carles.
Esa institución vela por la reinserción de los mismos en el mercado laboral local, además del pago correspondiente de sus prestaciones, y el aporte de la empresa a la Caja del Seguro Social por esa fuerza laboral, explicó el titular.
Para otras tres compañías de Wisa, incluido el decano de la prensa La Estrella de Panamá, están a la espera de respuesta del Departamento del Tesoro estadounidense sobre la solicitud de licencias para continuar las operaciones, señaló.
En total unos cuatro mil empleados de las firmas sancionadas tienen en peligro su empleo, en la medida que las mismas vean perjudicado su funcionamiento por las relaciones con los bancos, proveedores, clientes e incluso la prohibición en el uso de tarjetas de crédito de bancos norteños.
La llamada Lista Clinton es elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y consiste en una sanción que prohíbe con las mismas las operaciones de ciudadanos y entidades estadounidense y otras relacionadas, lo que provoca la asfixia financiera, sin que requiera la institución de pruebas, sino solo por dudas.
El pasado 5 de mayo la OFAC anunció que nueve ejecutivos y 68 empresas formaban la red Waked Money Laundering Organization (Organización Waked de Lavado de Dinero) liderada por Abdul Waked y su sobrino Nidal.
Este último está detenido en Colombia, con el objetivo de su extradición a Estados Unidos por cargos criminales, mientras Abdul solo enfrenta hasta el momento las sanciones de la OFAC, consideradas un proceso administrativo.
El embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, explicó a periodistas que «para formular cargos judiciales, los fiscales tienen que tener una razón para creer la culpabilidad más allá que una duda razonable», y aseguró que tal es el caso de Nidal Waked.
Pero, sobre su tío Abdul Waked, el diplomático aseveró:
«En el caso administrativo, solamente la Ley nos requiere de probar razón para creer; por eso precisamente el señor Abdul no está bajo ningún cargo judicial en Estados Unidos, pero sí bajo una sanción administrativa del Departamento del Tesoro, porque tenemos razón para creer.»
