Puerto Príncipe, (Servicios especiales de Vanguardia del Pueblo) Las organizaciones sociales de Haití piden hoy a la justicia procesar a los funcionarios implicados en el fraude ocurrido durante las controvertidas elecciones de 2015.
La irregularidad fue confirmada el lunes en un informe de la Comisión Independiente para la Evaluación y Verificación (Cieve) de los comicios celebrados aquí el 9 de agosto y 25 de octubre últimos.
El Movimiento Popular Democrático, el círculo de aprendizaje en la literatura gramsciana (Círculo Gramsci) y el grupo de reflexión sobre cuestiones sociales, demandan llevar el caso a los tribunales.
También suscriben esa exigencia el Sindicato Nacional de Maestros Normalistas de Haití y el Movimiento para la Libertad e la igualdad de los haitianos para la fraternidad.
Es cierto que la Comisión ha encontrado una gran cantidad de fraude, pero no se ha pedido a la justicia que procese a todos los defraudadores, indicó un texto emitido por las organizaciones sociales.
Las autoridades competentes deben profundizar la información y actuar en consecuencia, de conformidad con la ley, pues las Oficinas que dirimen disputas electorales han causado daño grave a los candidatos, dice.
Los tribunales -recomiendan las organizaciones sociales- deben tomar todas las medidas para evitar que delincuentes financieros, bandidos, criminales y traficantes de drogas asalten el Parlamento.
También sugieren al Gobierno del presidente interino JocelermePrivert que tome medidas para que los fondos del Tesoro y aportes de contribuyentes se utilicen en garantizar las próximas elecciones.
Por su parte, el Grupo de los candidatos opositores presidenciales participantes en el proceso electoral, conocidos como G-8, llamó a los actores políticos a comprometerse para evitar el caos.
Ese acuerdo político debe involucrar a los tres poderes del Estado y los actores de la sociedad (partidos políticos, grupos económicos y formaciones civiles) antes del 14 junio (fecha del final del mandato de Privert), indican.
El G-8 insiste en que frente a la vasta operación de delito electoral ocurrido durante los comicios de 2015 deben adoptarse sanciones ejemplares para que no vuelvan a ocurrir.
Según trascendió, el comisario del Gobierno, LegerDanton, ya instruyó que los nueve miembros del antiguo Consejo Electoral Provisional y su presidente Pierre Louis Opont, tienen prohibido salir del país.
El Cieve recomendó purificar el proceso para garantizar el respeto al derecho al voto de los ciudadanos, pero la solución de la crisis debe pasar por la Corte Suprema de Justicia por el bien de la nación, dice el G-8.
