Madrid.- Según los registros de la Dirección General de Tráfico, un total de 667 personas murieron en las carreteras españolas en los siete primeros meses de este año, 51 más que en el mismo periodo del pasado año.
Durante el fin de semana, en el operativo especial de regreso de las vacaciones de julio y principio de agosto, entre las tres de la tarde del viernes y las doce de la noche de ayer, han fallecido doce personas y han resultado heridas otras cinco en once accidentes mortales.
El día más siniestro fue el domingo con siete muertos y un herido en seis accidentes, mientras que entre las tres de la tarde y las doce de la noche del viernes hubo tres fallecidos y dos heridos en tres siniestros y el sábado dos muertos y dos heridos en dos accidentes.
Tres de los fallecidos circulaban en motocicleta y diez de los accidentes ocurrieron en vías convencionales y uno en autopista; cuatro fueron por salidas de la carretera, a los que hay que sumar dos colisiones, dos atropellos y dos caídas en la calzada.
El panorama internacional en lo que se refiere a políticas de seguridad vial luce en la actualidad con mucha incertidumbre visto lo que está aconteciendo en España, considerada modelo para los iberoamericanos en dicha materia.
Efectivamente lo fue hasta hace poco tiempo, cuando el sistema de gestión fue contaminado por una serie de factores, entre los que podemos destacar cuatro:
Politización del tema de seguridad vial, falta de transparencia en el manejo de los datos, la corrupción administrativa y los ajustes económicos afectando directamente la estructura orgánica de la DGT y sus planes integrales de seguridad vial.
La anterior combinación ha traído como consecuencia el inicio del colapso de un modelo exitoso por más de una década cuando se experimentó una tendencia hacia la baja de las víctimas por accidentes de tránsito de forma consistente.
Tales resultados fueron objeto de numerosos reconocimientos a nivel de la región europea.
Sin embargo, los acontecimientos que se están sucediendo, evidencian un declive sustancial en la efectividad de las políticas integradoras para reducir la mortalidad y la morbilidad en la circulación, sin que detenga la ola de dimisiones y cuestionamientos que se están dando en los organismos responsables de la seguridad vial.
