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La guerra de EE.UU. contra el terrorismo, 15 años después del 9/11

Los estadounidenses conmemoran hoy el décimoquinto aniversario de los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001, que ocasionaron unos tres mil muertos y fueron un pretexto para iniciar acciones bélicas punitivas en ultramar.

Académicos y políticos norteamericanos valoraron en los últimos días las consecuencias a largo plazo de este hecho sin precedentes en la historia de la nación norteña, a la luz de la situación actual del país en el plano interno y la arena internacional, en medio de la campaña para las presidenciales de noviembre.

Con motivo de esta fecha, el presidente Barack Obama destacó ayer en su habitual discurso semanal por radio e Internet, los «éxitos» de la nación norteña en la lucha contra el terrorismo y prometió derrotar las nuevas amenazas, en particular el Estado Islámico.

Reconoció que el peligro de los extremistas evolucionó, e hizo referencia a algunos crímenes en territorio norteamericano, como los atentados en Boston en 2013 y el más reciente en una discoteca de Orlando, Florida.

En este contexto, los planteamientos recientes de la candidata demócrata Hillary Clinton y su rival republicano, Donald Trump, sobre temas de seguridad nacional, causaron estupor y preocupación en importantes sectores de la sociedad norteamericana, debido a las imprecisiones de ambos en estos asuntos de vital importancia.

Da la impresión que estos dos políticos no estudiaron los documentos que elaboraron diferentes tanques pensantes y el propio Congreso estadounidense sobre las acciones totalmente injustificadas del 9/11 y de la respuesta bélica posterior, sobre todo las agresiones contra Iraq y Afganistán.

Expertos señalan que a pesar de que no hubo otro atentado de grandes proporciones como el del 11 de septiembre en territorio norteamericano en los años subsiguientes, las operaciones del Pentágono en ultramar fortalecieron el sentimiento antiestadounidense y provocaron destrucción y muerte en otras naciones.

De estas contiendas a largo plazo tuvieron que ocuparse dos presidentes, cada uno con dos mandatos: George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) y no hay dudas de que este último pasará la responsabilidad de la campaña al nuevo gobernante que resulte electo en los comicios de noviembre.

Al menos así piensa Brian Michael Jenkins, experto de la Corporación Rand, institución de tendencia conservadora que habitualmente realiza estudios para el Pentágono y otras agencias federales estadounidenses.

Según Jenkins, aunque Estados Unidos está mejor organizado y equipado para combatir el terrorismo, en la actualidad su mayor vulnerabilidad radica en su propia sociedad «atemorizada, enfadada y dividida».

Otro aspecto que impacta en las mentes de los estadounidenses es el alto costo humano de la lucha contra el terrorismo.

En Afganistán murieron más de dos mil 380 militares estadounidenses, mientras en Iraq perdieron la vida más de cuatro mil 500, y otros 50 mil resultaron heridos en ambas contiendas.

Poco se habla de los miles de muertos y mutilados que ocasionaron estos ataques en las naciones agredidas, y en términos financieros, las erogaciones para sufragar estas actividades bélicas superan los seis billones (millones de millones) de dólares.

Esta respuesta del poderío castrense fue tan injustificada como los ataques terroristas y a la luz de los 15 años transcurridos, expertos coinciden en que las acciones punitivas contra los supuestos autores del 9/11 no tuvieron el efecto esperado, y en la actualidad, el fantasma de estos hechos sigue rondando los pasillos del Capitolio, la Casa Blanca y las oficinas de las principales agencias federales, en especial de los órganos de espionaje.

Apenas dos días antes del décimoquinto aniversario de los atentados, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que permitiría a familiares de las víctimas demandar al Gobierno de Arabia Saudita por sus supuestos vínculos con los extremistas.

La propuesta, denominada Ley contra los Promotores del Terrorismo, tiene como principal basamento el hecho de que 15 de los 19 principales autores de estos ataques eran ciudadanos de esa nación árabe.

El Senado avaló un texto similar en mayo y ahora está en el despacho del presidente Barack Obama, pero algunos de sus asesores amenazaron con un posible veto del gobernante, con el argumento de que un estatuto de ese tipo complicaría las relaciones bilaterales con Riad, uno de los principales aliados de Washington en el Medio Oriente.

Obama está ante una disyuntiva difícil, pues si no veta la legislación se le complican de manera insospechada los nexos con Arabia Saudita, pero si lo hace, el impacto en la opinión pública interna tendrá consecuencias imprevisibles, a unos cuatro meses del fin de su mandato.

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