Opinión

Al leer en forma detenida el texto constitucional, revela el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos y libertades, centralizado en el conjunto del sistema, que tanto en la teoría como en la práctica, permite garantizar la dignidad humana de los dominicanos y dominicanas en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.

La reflexión, se debe centralizar en los aspectos generales de los Derechos Fundamentales, reconocidos en la Carta Fundamental y los detalles, delimitación, contenido y las garantías que se establecen, con la finalidad de asegurar su eficacia real. Consideraremos las características básicas y la coherencia del texto constitucional en relación a los Derechos Fundamentales, partiendo del criterio de una nación soberana, con un sistema de gobierno Civil, Democrático y Representativo, como afirma el artículo 8, “ Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

Desde el preámbulo del texto constitucional, se observa la preeminencia desde el inicio, de proteger la dignidad de las personas, cuando prescribe que “los representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, regidos por los … principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad…”, entre otros, lo que implica la responsabilidad del Estado en garantizar “el respeto a la dignidad de las personas y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos” (Artículo 38 CD). El concepto de dignidad es jurídicamente indeterminado y la Constitución de 2015, amplía y cubre aún más este concepto, al establecerlo en su preámbulo y en los artículos previamente citados. Asimismo, otros textos fundamentales como la Ley Fundamental de Bonn, lo recoge en su artículo 1 y la Constitución Española lo establece en su artículo 10.1; de igual manera, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, lo recoge en su articulo 1, cuando establece que “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”.

En definitiva, la dignidad humana en el texto constitucional dominicano ocupa un lugar privilegiado, ya que representa un valor inherente a las personas, el cual debe permanecer inalterado, no importa la situación en que se encuentre el individuo. No importa que a la persona se le imponga limitación al disfrute de cualquiera den e sus derechos individuales, la dignidad humana debe ser garantizada por encima de todo. El alemán Ingo Von Munch, en su obra “La dignidad del hombre en el derecho constitucional”, establece que “se ha comprendido un núcleo de dignidad personal que posee un valor espiritual y moral.” Como se observa, la dignidad humana cruza las fronteras de lo moral y alcanza lo espiritual. Esto se ve reforzado con la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, “todos los hombre son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos”; la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte de 1776, “… los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables…”; y el Artículo 1 de la Declaración francesa de 1879, “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Influenciada por estas tres declaraciones, la Constitución dominicana de 1844, lo recoge en su artículo 14, al establecer que “los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho”. En épocas recientes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le dio carácter de universalidad. A partir de entonces, la mayoría de las constituciones democráticas garantizan el respeto a la dignidad como valor supremo de los personas. La Constitución chilena, por ejemplo, lo establece en su primer párrafo; la Constitución portuguesa en su artículo 13; y la Constitución de Costa Rica en su artículo 33; la constitución de Colombia, en su artículo 33 y la Constitución venezolana en su artículo 21. En casi todos los países latinoamericanos, lo relativo a la dignidad humana encabeza el catálogo de derechos.

Las afirmaciones descritas en los párrafos precedentes, establecen – al decir de Pedro González Trevijano y Enrique Arnaldo Alcubilla- “el punto de partida ético o moral del ordenamiento constitucional, al servicio de los seres humanos, concebidos como libres e iguales en derechos, dotados de dignidad”.

La noción de dignidad en la Constitución dominicana se proyecta sobre todos los Derechos Fundamentales casi de manera ilimitada, tal y como se puede apreciar en el artículo 37, 38, 55, 56, 57, 63.2 y 219, relacionados con el derecho a la vida; el respeto a la dignidad; la concepción de la familia como espacio básico para el desarrollo integral de las personas; la protección de las personas menores y de la tercera edad; la responsabilidad de los padres con la educación de sus hijos; y lo relativo al régimen económico.

Los constituyentes, responsables del estudio y aprobación de la Constitución de 2010, modificada en 2015, asumieron la responsabilidad de colocar la dignidad de las personas como valor supremo en el texto constitucional, a diferencias de las constituciones anteriores. Le toca a los ciudadanos reclamar su respeto y a los tribunales protegerlos.

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