Opinión

De acuerdo al último reporte de la Dirección General de Impuestos Internos correspondiente al año 2016, la proporción de unidades vehiculares en manos de mujeres ronda el 22% del parque motorizado a nivel nacional.

Las localidades donde prevalece en mayor número de propietarios del género femenino son el Distrito Nacional, La Altagracia y la Provincia de Hato Mayor, lo que no está relacionado con el número de víctimas generadas en las vías.

En el Distrito Nacional solamente se reportaron 216 afectadas, entre fallecidas y heridas, en tanto que los municipios de Santo Domingo totalizaron 312 víctimas.

Aunque parezca insignificante en término de cantidad por año, los registros de 215 mujeres muertas por incidentes de tránsito, tal como ocurrió al finalizar diciembre de 2016, tendrán que despertar mucha inquietud al darse a conocer que las víctimas de este género rondan las 2,926, sin que se tengan precisados los decesos posteriores a la tragedia.

Las estadísticas son todavía mas espeluznantes si analizamos en retrospección desde el 2010 al 2016, cuando en siete años se acumularon en la red viaria nacional 11,733 féminas muertas o heridas por las malas prácticas en seguridad vial.

La configuración de afectadas, según las estadísticas de AMET en la movilidad durante el período enero – diciembre de 2016, es como sigue:

MUJERES DE DIFERENTES EDADES
Fallecidas Lesionadas

Conductoras 43 621
Pasajeras 109 1604
Peatonas 63 486

En estos reportes se evidencia una alta vulnerabilidad cuando las mujeres hacen de pasajeras, por lo que se sugiere un fortalecimiento en las políticas de seguridad vial en este renglón.

Si bien existe un valor apreciado en afectadas en el año 2016, resulta interesante cuando vemos que de las mismas, 951 solo fueron por la acción de motocicletas.

De igual manera podemos determinar que de las 43 víctimas fatales como conductoras de vehículo en ese período, 35 conducían motocicletas.

Estamos frente a un fenómeno que requiere mayor atención social, en especial cuando se articulan desde el gobierno y la sociedad programas tendentes a erradicar la violencia de género, sin que se perciba un conocimiento de que se trata de otra forma de agresividad en donde las afectadas superan la epidemia intrafamiliar.

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