Opinión

Como se sabe, una reforma no es más que la creación de nuevas leyes o modificación de las ya existentes.

Pero resulta que cuando una nación toma la decisión de implementar reformas en su sistema económico, la misma se realiza con la finalidad de impulsar y lograr cambios graduales en una dirección destinada hacia una mayor equidad general para el conjunto de la colectividad.

En el caso particular de una reforma financiera esta siempre tiene como propósito fundamental mejorar la intermediación financiera para evitar la profundización de la debilidad de las normativas y, por ende, el deterioro del sector y con ello evitar un impacto macroeconómico catastrófico. Pero es que cuando persiste una gran ineficiencia en la regulación del sector financiero esta se traduce en un fuerte límite a la expansión de los distintos sectores productivos.

En tal sentido el propósito fundamental de la supervisión y la regulación financiera, y su reforma, es promover la efectiva y eficiente asignación de recursos, mientras se mantiene la seguridad y solidez de las instituciones financieras que captan depósitos del público. Por igual, las autoridades que supervisan las instituciones financieras logran estos objetivos mediante la aplicación de diferentes mecanismos normativos y restricciones a la exposición a los riesgos, las prácticas contables y las operaciones de las instituciones financieras, garantizando que no ocurran colapsos y que los efectos económicos sistémicos de las mismas sean limitados y menos lesivos.

Es inocultable que las regulaciones bancarias siempre imponen fuertes barreras a la entrada de nuevas instituciones financieras en un sistema, máxime si el mismo está conformado por capitales que tienen origen dudoso. También han existido muchas trabas para el desarrollo del mercado financiero en sentido general, fruto de la insuficiencia de un sistema de supervisión y regulación adecuado, así como la ausencia de transparencia que han favorecido las malas prácticas por parte de los grupos bancarios.

A la luz de la razón, la regulación financiera ha de promover como objetivo primario el lograr un equilibrio entre los intereses de los accionistas y los de deudores/depositantes, para incrementar la confianza de manera permanente. En tal sentido, si se carece de una regulación apropiada, las entidades financieras tendrían que asumir situaciones excesivamente riesgosas porque al aumentar este, implicaría mayores vulnerabilidades en la seguridad de los depósitos.

En un sistema financiero donde prevalece una regulación inadecuada, esto produce en un elevado costo de la intermediación financiera, sin ofrecer a cambio una reducción del riesgo para las instituciones financieras. Es en ese marco que para la década de los 90s, en América Latina se impulsaron una serie de reformas estructurales que abarcaron el ámbito financiero cuya finalidad fue superar el caos de crisis que se repetía en toda la región.

Han transcurrido casi tres décadas de esas exitosas reformas financieras que América Latina abrazó, con lo cual se ha logrado transformar y proteger el sistema financiero del continente. Simultáneamente a estas reformas, los bancos extranjeros, que tuvieron una gran expansión en la región con la apertura brindada por las reformas, no han logrado incrementar la inversión productiva y ampliar la capacidad del crédito a los diferentes sectores de la economía regional.

Afortunadamente, la reforma financiera en América Latina superaron las expectativas para la cual fueron impulsadas ya que la misma protegieron el sistema de cualquier eventualidad de servir de transmisores de cualquier shock financiero externo, tal como quedó demostrado con la crisis financiera global en el 2008, con origen en USA.

Es importante resaltar que las reformas financieras impulsadas en América Latina se desarrollaron en el contexto de los cambios estructurales que fueron concebidos bajo el enfoque del denominado consenso de Washington. Por tales razones, en principio se acarició la idea de que era factible que el esquema operativo del sistema financiero regional asumiera como norte la desregulación y liberalización de las entidades de intermediación financiera, pero se hizo la advertencia de lo devastador que sería un esquema bajo esa filosofía de corte neoliberal.

En la actualidad las reformas financieras que se implementaron en América Latina en la década de los 90s, han logrado su cometido, y ante la amenaza de promover una desregulación financiera en las grandes economías, es necesario y urgente promover una segunda ola de reformas para fortalecer el sistema financiero de la región.

Pero es que la economía mundial se ha tornado vulnerable y con altos riesgos para las entidades de intermediación financiera ya que las debilidades de la supervisión y regulación se hacen más notables, obligando esto a reformar la legislación para impulsar una mayor regulación acorde a las recomendaciones del comité de Basilea.

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