Opinión

En la reseña que publicó “Diario Libre” sobre lo dicho por un grupo de doce partidos de oposición acerca de la aprobación de la reforma electoral y la Ley de Partidos hay una propuesta muy peligrosa para la institucionalidad del país y la tranquilidad de sus ciudadanos y ciudadanas.

Se trata de la afirmación de que, en opinión de los miembros del denominado Bloque Opositor:

“Resulta imperativo incorporar en la ley la disposición de que los partidos suspenderán la militancia a los involucrados en actos de corrupción y el compromiso de que los inculpados por la comisión de actos delictivos no serán nunca más incluidos en las listas de elección popular, ni podrán volver a ocupar cargos en el Estado”. (“Diario Libre”, p 4, 4 de abril).
En las 55 palabras que acabamos de reproducir hay encubierto un gran peligro, que de no ser conjurado a tiempo podría dar al traste con la institucionalidad que se ha vivido en el país en los últimos decenios.

Lo primero es que de imponerse el criterio del Bloque Opositor se estaría desconociendo un principio jurídico que ha primado en occidente desde siempre: el de la presunción de inocencia.

Conforme ese principio, la inocencia de las personas es la regla y, en consecuencia, solo cuando se demuestre su culpabilidad en juicio público, oral y contradictorio, en que se hayan agotado las instancias dispuestas por nuestro ordenamiento jurídico, podrá hablarse de culpable sancionado. Entonces, el que un partido, cualquiera, se arrogue el derecho de suspender “la militancia a los involucrados (no sancionados todavía, dc) en actos de corrupción” es hacer valer el prejuicio de que ese militante es culpable. El mismo criterio se aplica a la otra parte de la propuesta de marras: “el compromiso de que los inculpados (no condenados todavía, dc) por la comisión de actos delictivos no serán nunca más incluidos en las listas de elección popular, ni podrán volver a ocupar cargos en el Estado”.

Pero ese no es el único peligro de la propuesta que comentamos. Hay otro mayor, de tipo político. De asumirse esa iniciativa se les estaría sirviendo en bandeja de plata a los partidos adversarios la posibilidad de escoger a los contrincantes con los que competirán en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque será suficiente que un partidito sin ninguna posibilidad de ganar las elecciones demande en la justicia, de manera directa o a través de una entidad de esas que se prestan para cualquier cosa porque precisamente han sido creadas para eso, al dirigente político contrario con mayor aceptación popular para inhabilitarlo como candidato.

Conforme está redactada la iniciativa en referencia, con involucrar a un dirigente político en un supuesto acto de corrupción, ese potencial candidato sería despojado de su militancia política y de la posibilidad de presentar candidatura. Lanzada la acusación y llevada algún tribunal por uno de esos temerarios que abundan en el país, el pobre dirigente político se vería envuelto en un proceso del que saldría absuelto, pero después que hayan pasado las elecciones.

Aunque es probable que con poner “condenados” donde dice “involucrados” e “inculpados” se podría salvar la situación planteada por la propuesta del Bloque Opositor, nos parece muy riesgoso jugar un juego tan peligroso. La advertencia está hecha.

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