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Al experto en seguridad vial Mario Holguín, le asombra el enfoque sobre la entrada en vigor de la Ley 63-17, promulgada el pasado 21 de Febrero para regir la vida de los nacionales y extranjeros que nos desplazamos a través de la red vial en el territorio nacional.

La gran diferencia entre la nueva y la vieja ley, es que la nueva plantea claramente la urgente redacción de los reglamentos, estableciendo plazos, además de una estructura organizativa, fusiones de instituciones e implantación de novedosos temas, explica.

Para Holguín, si se hubiese realizado un estudio de capacidad de gestión en el tránsito y la seguridad vial previo a la aprobación de la nueva ley, estuviéramos conscientes de que el gran fallo durante medio siglo en la aplicación de la ley 241, radicó especialmente en la carencia de reglamentos, originando una crisis de autoridad que raya a la impotencia y lo absurdo.

Indica que la complejidad de los cuatro aspectos, por demás cruciales, describe un proceso igualmente complicado, porque se trata de temas que pudieran lacerar el estado de derecho de los ciudadanos y hasta la gobernabilidad, si no lo hemos pensado.

“No se trata de la necesidad de un director en una institución que existirá, sino de una estructura que instaurará un nuevo sistema con el cual no se puede jugar, ni festinar, para no generar desconfianza en los nuevos organismos”.

Debe entrar en vigencia con la nueva legislación, el reemplazo de un modelo en franco deterioro, desacreditado, con todas las aberraciones imaginables, que nunca funcionó, que contenga los cambios estructurales y valores de que en esencia careció la ley 241-67, expresó Holguín.

Indicó que la iniciativa recientemente promulgada evidencia un mayor avance, “aunque sean previsibles revisiones futuras que no deberán tardar, como sucediera con la que estamos sustituyendo”.

El especialista entiende que el tipo de debate sobre la nueva ley, “parece presionar al Poder Ejecutivo para el nombramiento del Director del INTRANT, organismo que será responsable de ejecutar las políticas públicas sobre el desplazamiento humano, los medios a utilizarse y la seguridad de los usuarios”.

También observó que, luego de promulgada la nueva Ley, la discusión se centra en el lobbismo, y cómo hacer negocios, por encima de las pérdidas humanas, las discapacidades, aún las víctimas quedaran vivas, y la probable destrucción familiar, ignorando lo que el primer considerando planteó para sensibilizar a su aprobación:

“Que en la actualidad las actividades de movilidad, transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial constituyen uno de los principales problemas económicos, sociales y de salud en la República Dominicana, debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en las vias públicas y que ocasionan pérdidas de vidas humanas, traumas, heridas y daños materiales a la propiedad pública y privada.” (Pag. 1. Ley 63-17).

Igualmente critica que las experiencias en este sentido de otras latitudes no se tomen en cuenta, recordando que en Colombia, a los tres años de promulgada su ley de seguridad vial, finalmente el ejecutivo nombró a un Director desconectado totalmente del sistema, proveniente del sector de relaciones exteriores.

“Los intereses políticos y personales por el manejo de los tantos recursos económicos que se vislumbraba, fueron fundamentalmente la causa de ese retraso. Ojalá no suceda lo mismo en nuestro caso”, advirtió.

Expresó que Ya los legisladores cumplieron su rol, y ahora le toca con mucha prudencia al Ejecutivo completar el proceso, con pasos firmes, sin dejar huecos que pudieran poner en riesgo o comprometer el éxito del nuevo modelo.

“En este período de transición, para que enfrentemos con seriedad lo que viene, debemos aprovecharlo a todos los niveles en capacitarnos, los hacedores de leyes, de políticas públicas y de normativas; los educadores; los fiscalizadores, los responsables del control y la vigilancia; los administradores de la justicia; medios de comunicación; sector privado, instituciones estatales que en cualquier escala intervienen en el sistema. También las organizaciones no oficiales, llamadas a jugar un papel relevante, aunque ahora no se les reconozca”, puntualizó.

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